Un estudio elaborado por investigadores del Conicet volvió a poner en el centro del debate la propiedad de la tierra en la Argentina, en un contexto marcado por la insistencia del gobierno de Javier Milei en derogar la Ley de Tierras. Los datos oficiales muestran que, si bien La Pampa se ubica entre las provincias con menor nivel de extranjerización, dos de sus departamentos superan el promedio nacional, que ronda el 5%.

El trabajo fue realizado por el Observatorio de Tierras por la socióloga Julieta Caggiano y el historiador Matías Oberlin, ambos integrantes del Conicet y vinculados al Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y al Mirador Interdisciplinario Latinoamericano de Políticas Agrarias. Los investigadores advirtieron que el intento de derogar la Ley de Tierras se da en un escenario internacional de creciente disputa por recursos estratégicos.

El mapa interactivo que confeccionaron señala a La Pampa con dos departamentos por encima del promedio nacional. Las estadísticas oficiales, actualizadas a agosto de 2025, indican que en el país existen 266.643.212 hectáreas rurales, de las cuales 13.262.725 están en manos extranjeras, lo que representa el 4,97% del total. La normativa vigente fija un límite del 15% a nivel departamental y provincial para la titularidad extranjera de tierras rurales.

En el desglose provincial, La Pampa cuenta con 14.281.146 hectáreas, de las cuales 345.811 están en manos foráneas, equivalente al 2,42%. Este porcentaje implica un incremento del 0,3% respecto de 2022 y ubica a la provincia como la quinta con menor nivel de extranjerización, solo superada por Santa Fe, Formosa, Río Negro y Córdoba.

Sin embargo, al analizar el detalle departamental, surgen dos casos que superan la media nacional. Atreucó registra 26.586 hectáreas extranjerizadas sobre un total de 357.117, lo que representa el 7,44%. En tanto, Loventué alcanza el 5,77%, con 53.277 hectáreas en manos extranjeras sobre una superficie total de 922.703.

Tras la asunción de Milei y los primeros anuncios sobre la derogación de la Ley de Tierras, desde el Ejecutivo pampeano habían advertido que esa decisión habilitaría la compra irrestricta de tierras por parte de extranjeros, incluso en zonas limítrofes, lo que equivaldría a “poner a la Argentina y a La Pampa en venta y barata”.

Caggiano y Oberlin recordaron que el oficialismo ya había intentado avanzar en ese sentido mediante el DNU 70 en 2023, iniciativa que fue frenada por un amparo judicial. “Si ninguna provincia supera el límite del 15%, ¿por qué tanto empeño en derogar la ley?”, plantearon. A nivel nacional, explicaron, cerca del 5% del territorio argentino está en manos extranjeras, una superficie equivalente a la extensión de Inglaterra.

Los investigadores señalaron que el dato nacional oculta realidades más graves cuando se analiza por departamento o se cruza la información con la presencia de recursos estratégicos. Actualmente existen 36 departamentos que superan el límite legal y cuatro casos donde la extranjerización supera el 50%, todos ellos con acceso a agua dulce o recursos minerales. Otras localidades vinculadas al río Paraná superan ampliamente el 30%.

En cuanto a la titularidad, los ciudadanos estadounidenses encabezan el ranking con más de 2,7 millones de hectáreas, seguidos por italianos y españoles. Entre estas tres nacionalidades concentran la mitad de la tierra extranjerizada del país. Solo los propietarios estadounidenses poseen una superficie mayor que toda la provincia de Tucumán.

El informe también repasa el proceso histórico que derivó en la sanción de la Ley de Tierras en 2011. A fines de los años noventa, durante el gobierno de Carlos Menem, se autorizaron ventas masivas de tierras en zonas de seguridad fronteriza, muchas de ellas de manera irregular. Casos emblemáticos como Lago Escondido, en manos del magnate británico Joe Lewis, y grandes extensiones adquiridas por el grupo Benetton marcaron ese período.

La ley sancionada en 2011 estableció límites claros y mecanismos de control para frenar la extranjerización. No obstante, en 2016 el decreto 820 flexibilizó su aplicación, modificando criterios y metodologías de medición, lo que derivó en una aparente reducción estadística que, según los investigadores, no refleja una baja real.

En La Pampa, el leve aumento registrado entre 2022 y 2025 se explica principalmente por operaciones en los departamentos Caleu Caleu y Maracó. En el primero, la superficie extranjerizada pasó del 1,32% al 1,87%. En Maracó, el incremento fue más leve, del 1,22% al 1,23%. El resto de los departamentos mantuvo cifras estables o mostró leves descensos.

El debate por la propiedad de la tierra vuelve así a instalarse con fuerza, en un contexto donde la discusión ya no se limita a porcentajes, sino al control de territorios con valor estratégico en un escenario global cada vez más disputado.