El decreto de necesidad y urgencia 941/25, con el que el presidente Javier Milei avanzó sobre el sistema de inteligencia nacional, provocó una reacción política y judicial inesperada: dirigentes históricos del radicalismo, hoy en espacios enfrentados, se unieron para impulsar un amparo con el objetivo de frenar su aplicación.
Bajo la idea de conformar un “cordón sanitario” en defensa de la democracia, referentes como Federico Storani y Leopoldo Moreau promovieron la acción judicial contra el DNU que modificó la Ley de Inteligencia Nacional. La iniciativa surge en un contexto de creciente preocupación por el impacto del decreto sobre derechos y garantías constitucionales.
Storani sostuvo que el fenómeno no es aislado y lo vinculó a una tendencia global. “Casi todas las extremas derechas han ido absorbiendo a las derechas republicanas o más moderadas. Pasa aquí y en todo el mundo”, afirmó. En ese marco, consideró que experiencias como Juntos por el Cambio forman parte del pasado y planteó la necesidad de construir acuerdos entre fuerzas de origen popular para frenar el avance del proyecto libertario.
En la misma línea, Leopoldo Moreau destacó el alcance político del amparo, al señalar que fue impulsado por un conjunto de referentes radicales de trayectoria que, pese a haber seguido caminos distintos, hoy coinciden en la urgencia de proteger el sistema democrático. Según expresó, el objetivo es poner un límite a decisiones que “arrasan con los derechos y garantías de los ciudadanos”.
Mientras tanto, en la Cámara de Diputados el DNU también enfrenta un escenario complejo. Un primer conteo opositor reúne 121 votos en contra, quedando a ocho de los 129 necesarios para habilitar el tratamiento en el recinto y derogar el decreto por mayoría simple. Ese número se compone de los votos de Unión por la Patria, Provincias Unidas, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, la izquierda y algunos monobloques provinciales.
La definición queda ahora en manos de los bloques considerados indecisos, como los de Tucumán y Catamarca, algunos representantes patagónicos y, especialmente, las tensiones internas dentro del PRO y la UCR. El radicalismo, con nueva conducción, mantuvo hasta el momento una postura ambigua en los debates centrales del Congreso y evitó pronunciamientos claros en discusiones clave vinculadas al financiamiento educativo, científico y técnico.
Con el frente judicial en marcha y el Congreso cerca del número necesario para rechazarlo, el futuro del DNU de la SIDE aparece abierto y sujeto a una disputa política que promete escalar en las próximas semanas.