El Decreto de Necesidad y Urgencia impulsado por el presidente Javier Milei para reformar la Ley de Inteligencia ya tomó estado parlamentario al ingresar por el Senado y ser girado a la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo. La información fue difundida por el medio El Destape.
La Comisión Bicameral aún no se encuentra constituida, por lo que la vicepresidenta Victoria Villarruel y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, deberán convocar a su conformación para iniciar el tratamiento del decreto.
De acuerdo con la normativa vigente, si la Bicameral no convoca al debate del DNU dentro de los próximos diez días hábiles, cualquiera de las dos cámaras del Congreso puede solicitar su tratamiento en el recinto. En ese escenario, si una sola cámara lo aprueba, el decreto queda vigente.
En paralelo, la oposición avanza con gestiones para intentar rechazarlo en Diputados. Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y los Trabajadores, Provincias Unidas, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, el bloque unipersonal de Natalia De la Sota y el diputado González suman hasta el momento 121 voluntades. Con ocho votos más, podrían habilitar la sesión y dar el primer revés legislativo al DNU.
El decreto también enfrenta cuestionamientos en el plano judicial. El Centro de Estudios Legales y Sociales presentó una medida cautelar contra el texto. No obstante, la Fiscalía en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo Federal Nº 7, a cargo de Fabián Omar Canda, rechazó un pedido para habilitar la feria judicial y tratar el planteo de manera urgente.
Otra acción judicial fue promovida por los diputados nacionales Esteban Paulón, Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, quienes solicitaron que se declare la inconstitucionalidad del DNU. Argumentaron que no existe una situación de urgencia real y que el decreto legisla sobre materia penal, algo expresamente prohibido por el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional.
Una tercera presentación fue realizada por los ex diputados Leopoldo Moreau, Ricardo Alfonsín, Federico Storani, Luis “Changui” Cáceres, Eduardo Santín, Manuel Garrido y Ricardo Terrile. En ese escrito se solicita la inconstitucionalidad del decreto, la suspensión de parte de su articulado y se advierte que, mediante un per saltum, podrían requerir la intervención directa de la Corte Suprema de Justicia.
El DNU, publicado en el Boletín Oficial el 2 de enero, amplía las atribuciones de la Secretaría de Inteligencia del Estado y reduce los mecanismos de control sobre su funcionamiento. Entre otros puntos, limita el seguimiento del gasto en actividades de inteligencia, debilita el control del Congreso y reorganiza competencias clave, como la separación entre ciberinteligencia y ciberseguridad. Esta última quedará bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, que encabeza Manuel Adorni y responde a la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei.
El texto también redefine las funciones de la contrainteligencia, incorporando conceptos amplios vinculados a la prevención de infiltraciones, espionaje, influencia o injerencia de actores estatales y no estatales. Además, establece la aplicación obligatoria de medidas de seguridad de contrainteligencia en todo el Sector Público Nacional, bajo responsabilidad directa de los titulares de cada organismo. Esta amplitud es uno de los puntos que concentra mayores críticas por parte de la oposición y de organizaciones de derechos humanos.