La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores celebró el fallo judicial que ordenó la restitución inmediata del directorio de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores, poniendo fin a más de 15 meses de intervención.

A través de un comunicado titulado “Triunfo de la autonomía sindical: Osprera vuelve a manos de los trabajadores rurales tras 15 meses de intervención irregular”, la Uatre cuestionó duramente al gobierno nacional y sostuvo que la intervención constituyó un “claro atentado contra la autonomía sindical”, atravesado por denuncias y graves irregularidades.

Según el sindicato, la decisión judicial revierte la medida adoptada en octubre de 2024 por el juez Villena, actualmente investigado por prevaricato, quien había desplazado al directorio legítimo en un contexto que la organización calificó como de manifiesta parcialidad e incompetencia territorial, situación que incluso fue objetada por fiscales mediante recusación.

Durante el período de intervención, Uatre denunció reiteradamente el accionar del interventor Marcelo Petroni, designado por el presidente Javier Milei. Entre los hechos más graves, enumeraron la duplicación innecesaria de la estructura administrativa con nombramientos de dirigentes sin experiencia en salud, la priorización de negocios irregulares mediante pagos de facturas sin prestaciones reales y una fuerte reducción del gasto en prestaciones médicas, que derivó en interrupciones y cortes en la entrega de medicamentos ambulatorios, oncológicos y de alto costo.

El comunicado advirtió que estas decisiones tuvieron “consecuencias devastadoras” para miles de afiliados, con agravamiento de patologías, empeoramiento de cuadros graves y pérdidas irreparables. Detallaron que hasta diciembre de 2025 se registraron 476 acciones de amparo por falta de cobertura médica, muchas de ellas incumplidas, y tres causas penales por abandono de persona seguido de muerte, entre las que se incluye el caso de José Alfredo Garavento, un paciente oncológico fallecido en febrero de 2025 tras la interrupción de su tratamiento.

Desde Uatre señalaron que el fallo relacionado con el caso Garavento dejó sin sustento el argumento utilizado por el gobierno nacional para justificar la intervención, motivo por el cual la Justicia consideró innecesaria su continuidad y el desplazamiento del directorio.

“La Osprera retorna hoy a la gestión de las autoridades elegidas legítimamente, tras más de un año de conflictividad institucional, judicial y perjuicios irreparables a los afiliados”, afirmaron. En el cierre, el sindicato ratificó su compromiso con la defensa de la libertad sindical, la transparencia y la prioridad absoluta de la salud y los derechos de los trabajadores rurales y estibadores, al tiempo que advirtió que la reconstrucción de la obra social no será sencilla ni inmediata.