El Gobierno provincial resolvió dar por finalizado el fideicomiso conformado con el Banco de La Pampa para la administración de la cartera judicial y morosa. La medida quedó establecida a través del Decreto Nº 1911, que dispuso la extinción del “Fideicomiso de Administración de Cartera Judicial y Morosa”, vigente desde comienzos de los años 2000.

Si bien la decisión se adoptó el 29 de agosto de 2025, su oficialización se concretó recientemente. Con la disolución del instrumento, los bienes residuales que aún no fueron cobrados quedarán en manos del Banco de La Pampa, que podrá intentar su recupero a futuro.

El decreto faculta al Ministerio de Hacienda y Finanzas a realizar las registraciones correspondientes de los bienes que se transfieran a la Provincia, en su carácter de fiduciante, y autoriza tanto a esa cartera como al Ministerio de la Producción a dictar los actos necesarios para completar la liquidación del fideicomiso. El Balance General al 31 de julio de 2025 fue declarado confidencial, por lo que no se difundieron datos oficiales sobre su resultado final.

Desde Casa de Gobierno explicaron que la decisión respondió a una cuestión de costos: los gastos de administración del fideicomiso superaban el valor de los bienes que quedaban por cobrar. Se trata, principalmente, de dos terrenos y otros activos de escasa significación económica o con situaciones judiciales complejas, lo que hacía inviable su recupero en el corto plazo.

Las mismas fuentes señalaron que el fideicomiso cumplió ampliamente con sus objetivos, ya que permitió cobrar la mayor parte de la deuda transferida en su momento. De hecho, la finalización del contrato ya había sido anticipada en el mensaje del Presupuesto 2024, donde se indicó que el remanente era de poca relevancia o de difícil recupero.

Una herramienta para administrar la “cartera sucia”

El fideicomiso fue creado mediante el Decreto N° 11/01 con el objetivo de gestionar créditos impagos o judicializados del Banco de La Pampa, conocidos como “cartera sucia”. La herramienta permitió administrar, refinanciar y recuperar deudas que, de otro modo, se hubieran perdido, al tiempo que alivió la situación financiera de la entidad.

En 2018, durante una discusión con gremios estatales, el entonces ministro de Hacienda Ernesto Franco explicó que el mecanismo fue clave para proteger al Banco de La Pampa en un contexto de normas prudenciales muy estrictas del Banco Central. Según señaló, la finalidad principal no fue beneficiar a los deudores, sino salvar al banco y permitirle mantenerse dentro del sistema financiero.

A comienzos de los años 2000, en medio de una profunda crisis económica, el Estado provincial compró al Banco de La Pampa una cartera de deudores considerada incobrable. Se estima que la Provincia pagó unos 120 millones de pesos —equivalentes al dólar en el régimen de convertibilidad— por una deuda que superaba los 200 millones. Luego, a través del fideicomiso, se logró recuperar una parte significativa de esos créditos.

Salvar al banco y sostener una política pública

Franco destacó en su momento la decisión política de no privatizar el Banco de La Pampa durante el gobierno de Rubén Hugo Marín, en un contexto nacional en el que desaparecieron numerosos bancos provinciales. Mantener la entidad bajo control estatal, sostuvo, fue fundamental para sostener políticas activas del gobierno y acompañar a las economías regionales.

Aunque el fideicomiso no estuvo exento de cuestionamientos y sospechas en su implementación, con el paso del tiempo fue considerado por distintos actores como una medida eficaz. Permitió sanear la situación del banco, recuperar parte de los créditos impagos y, en algunos casos, que empresas y particulares conservaran sus bienes.

Con su disolución, se cierra una etapa que estuvo ligada a uno de los momentos más críticos del sistema financiero provincial, y que marcó un punto de inflexión en la historia del Banco de La Pampa.