La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) elevó una propuesta formal al ministro de Economía, Luis Caputo, para que instruya a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a reducir las multas previstas en la recientemente aprobada Ley de Inocencia Fiscal, al advertir que los montos actuales afectan de manera directa a las pequeñas y medianas empresas.

A través de una nota enviada al titular del Palacio de Hacienda, la entidad solicitó que se dicten normas complementarias que “morigeren la incidencia de las multas”, mediante una reducción porcentual de los importes fijados en la normativa. El pedido se apoya en las facultades que le otorga la Ley de Ministerios a Caputo para impartir instrucciones al organismo recaudador, actualmente presidido por Andrés Vásquez.

En el texto, CAME propuso específicamente una rebaja de las sanciones previstas en los artículos 38 y 39, así como en los artículos sin numerar incorporados a continuación de ambos, con el objetivo de que las multas contemplen la capacidad económica real de los contribuyentes. Según la organización, la medida busca “preservar al entramado pyme federal y promover su desarrollo”.

Se trata del segundo reclamo que la entidad empresaria presenta sobre este tema. El primero fue enviado el pasado 26 de diciembre, cuando ya habían manifestado su preocupación por el fuerte incremento de las sanciones y su impacto negativo sobre las pequeñas y medianas empresas.

El eje central del planteo está puesto en el aumento de los montos previstos en caso de incumplimiento. De acuerdo a CAME, las multas se incrementaron hasta 1.100 veces en relación con los valores anteriores. En el caso de las personas humanas, las sanciones pueden alcanzar aproximadamente los 5 millones de pesos, mientras que para las personas jurídicas los montos son equivalentes o superiores a los 10 millones.

La Ley de Inocencia Fiscal introduce cambios en el Régimen Penal Tributario, en la Ley de Procedimientos Fiscales y en el Código Civil y Comercial, además de crear un Régimen de Declaración Jurada Simplificada. Entre sus principales ejes, establece un “Régimen simplificado de Ganancias” que, según el Gobierno nacional, otorga un blindaje permanente a los contribuyentes que adhieran.

Este régimen contempla un tope patrimonial de hasta 10.000 millones de pesos y exime a los adherentes de informar variaciones patrimoniales o consumos personales. A su vez, la norma eleva de manera significativa los montos a partir de los cuales se configura el delito de evasión: la evasión simple pasa de 1,5 millones a 100 millones de pesos, mientras que la evasión agravada solo se considera cuando el monto supera los 1.000 millones de pesos.

Desde CAME insistieron en que, sin una adecuación de las sanciones, la aplicación de la ley puede convertirse en un factor de asfixia para el sector pyme, en un contexto económico ya marcado por la caída del consumo y el aumento de los costos.