Más de cinco mil clínicas y sanatorios del país atraviesan una situación límite y se encuentran en riesgo de quiebra. Aunque los registros más precisos indican que unos 1.670 centros de salud están hoy en estado crítico, el impacto real se extiende a miles de establecimientos que sostienen empleo para cientos de miles de trabajadores y garantizan cobertura médica a millones de argentinos.

Según testimonios del sector, estos centros están lejos de poder modernizarse, mejorar prestaciones o sostener niveles adecuados de atención. La advertencia había sido planteada por la Unión Argentina de la Salud en un informe difundido el 25 de diciembre de 2025, en el que alertó sobre las consecuencias de no renovar la emergencia sanitaria nacional dispuesta por el DNU 70/23. Finalmente, la medida fue prorrogada desde el 1 de enero de 2026 y regirá hasta fin de año.

Desde la entidad señalaron que sin mecanismos de transición y compensación el sistema enfrentaba “un riesgo inmediato para la continuidad de los servicios de salud”, con consecuencias directas sobre el acceso de la población y posibles daños irreversibles en la red asistencial.

Desde la asunción del gobierno de Javier Milei, la desregulación del sector, combinada con un escenario de alta inflación y aumentos de las cuotas de prepagas considerados insuficientes por las empresas, alteró de manera profunda la estructura de costos y precios. En ese contexto, tras auditorías oficiales, se dio de baja del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga a 13 compañías por inactividad o falta de afiliados, consideradas meros sellos administrativos sin operación real.

Actualmente, el sistema de salud argentino cuenta con 3.174 hospitales, clínicas y sanatorios, de los cuales 1.740 son privados y 1.434 públicos. En la Ciudad de Buenos Aires funcionan 35 hospitales públicos generales y 19 especializados, además de más de 1.600 centros de atención en todo el país, 44 Centros de Salud y Acción Comunitaria y 39 Centros Médicos Barriales. El sector privado concentra grandes redes, como Swiss Medical, que administra varios sanatorios y maternidades.

En materia de ingresos, el aumento autorizado a las prepagas durante el último año osciló entre el 22 y el 30%, frente a una inflación anual del 32%. Si bien el desfasaje fue menor que en años anteriores, sigue siendo elevado en comparación con países de la región como Uruguay, Brasil o Chile. Sin embargo, esos incrementos no se trasladaron en igual medida a los profesionales y prestadores, cuyos honorarios crecieron apenas entre un 10 y un 16%.

Los médicos y otros trabajadores de la salud arrastran salarios por debajo de la inflación desde antes de 2020. En términos regionales, perciben entre tres y cuatro veces menos que sus pares de países vecinos. En algunos casos, las consultas especializadas se pagan por debajo de los cinco dólares, muy lejos de los valores superiores a los veinte dólares que predominan en la región.

A esta situación se suma el avance de nuevas tecnologías, mayores exigencias legales y estándares de calidad que obligan a invertir en equipamiento y capacitación. Las distorsiones del sistema y el uso de posiciones dominantes, advierten desde el sector, conspiran contra la eficiencia y la continuidad de la atención.

Reducir la burocracia y la duplicación administrativa aparece como un paso necesario para mejorar la eficiencia, pero desde el propio sistema reconocen que eso apenas representa el inicio de un problema estructural mucho más profundo.