El Juzgado Federal de Ushuaia rechazó el pedido del gobierno de Tierra del Fuego para avanzar con una medida cautelar urgente contra la intervención del Puerto de Ushuaia dispuesta por el Ejecutivo nacional. El tribunal sostuvo que no existen motivos para habilitar la feria judicial y solicitó que la fiscalía se expida sobre la competencia del juzgado para resolver el conflicto entre la administración provincial y el Gobierno nacional.

En la misma resolución, se requirió a la fiscalía que determine si el gobernador fueguino se encuentra habilitado para presentarse en la causa, ya que esa representación correspondería a la Fiscalía de Estado de la provincia. Además, el juzgado solicitó al secretario Legal y Técnico de Tierra del Fuego, Emiliano Fossatto, que gestione la matrícula federal necesaria para poder intervenir ante la Justicia Federal.

En paralelo, el gobernador Gustavo Melella apuntó directamente contra Estados Unidos al referirse a la intervención del puerto, dispuesta por el gobierno de Javier Milei la semana pasada. Según denunció, la medida le fue comunicada de manera informal a través de un mensaje de WhatsApp.

“Yo no quiero creer que esto tiene que ver con esta cuestión, pero Estados Unidos tiene muchos deseos de tener presencia en el Atlántico Sur”, afirmó Melella en declaraciones radiales. En ese sentido, advirtió que la disputa futura estará centrada en el Atlántico Sur y la Antártida por los recursos naturales, y remarcó la relevancia geopolítica de Tierra del Fuego.

“El alineamiento tan claro, tan entreguista del Gobierno Nacional con Estados Unidos lleva a pensar”, sostuvo el mandatario, al tiempo que cuestionó la forma en que se tomó la decisión. Relató que desde Nación se comunicaron con el responsable de la Agencia Nacional de Puertos para informarle que la intervención ya estaba definida y que el instrumento formal sería enviado por WhatsApp ante la falta de documentación oficial.

Melella calificó la intervención como “un desastre” y “un desmanejo total”, y negó las acusaciones esgrimidas por el Gobierno nacional para justificar la medida. Según indicó, se invocaron supuestas malversaciones y desvíos de fondos públicos, además de falta de inversión que generaría inseguridad, argumentos que el gobernador rechazó de plano.