El último Informe de Política Monetaria del Banco Central anticipó que el Gobierno profundizará en los próximos meses nuevos recortes en partidas sensibles del gasto público, con impacto directo sobre los ingresos y el consumo. La estrategia de ajuste volverá a concentrarse en rubros no automáticos, ante la necesidad de sostener las metas fiscales previstas para 2026.
“Hacia delante, se espera que continúe el proceso de consolidación fiscal y que el Tesoro Nacional cuente con más y mejores opciones de financiamiento de sus compromisos locales y externos”, señala el informe. En ese marco, el Presupuesto Nacional 2026, ya aprobado por el Congreso, proyecta un superávit primario del 1,5% del PIB, una meta que, según el organismo, fue validada por analistas especializados a partir del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM).
Sin embargo, el propio Banco Central advierte tensiones internas en la arquitectura del ajuste. De acuerdo al documento, el Presupuesto fue aprobado sin la derogación de la ley de financiamiento educativo universitario ni de la ley de emergencia en discapacidad, lo que obligará a recortar otros gastos por un monto cercano al 0,5% del PIB. En ese contexto, el informe identifica con claridad los sectores que quedarían bajo presión fiscal: salarios, subsidios, planes sociales y partidas destinadas a bienes y servicios.
El organismo que conduce Santiago Bausili también señala que, de avanzar el Proyecto de Ley de Modernización Laboral, podrían reducirse los recursos destinados al financiamiento de la seguridad social, anticipando un nuevo ajuste en el esquema de ingresos y egresos del sistema previsional. Este proceso se completa, según el BCRA, con un escenario financiero más favorable, basado en la expectativa de una reducción del riesgo país y un mayor acceso al financiamiento.
Durante el primer año completo del programa económico, el Estado nacional alcanzó un superávit primario cercano al 1,8% del PIB y un superávit financiero del 0,3%, resultado explicado principalmente por una fuerte contracción del gasto real. Las mayores caídas se registraron en subsidios económicos, transferencias a provincias, obra pública y programas sociales.
En 2024, los subsidios energéticos y al transporte se redujeron más de un 50% en términos reales, impulsados por la recomposición tarifaria y la eliminación de esquemas de asistencia generalizada. Al mismo tiempo, los salarios del sector público perdieron poder adquisitivo frente a la inflación, el gasto en bienes y servicios cayó a niveles históricamente bajos y la inversión pública quedó virtualmente paralizada.
El ajuste continuó en 2025, aunque a un ritmo más moderado, permitiendo sostener un superávit primario cercano al 1,4% del PIB. La ejecución presupuestaria mostró nuevas caídas reales en planes sociales, una reducción adicional de los subsidios energéticos y un persistente deterioro salarial en el sector público. El gasto previsional solo evitó una contracción mayor por la actualización automática de haberes, en un contexto de menor cobertura de bonos y refuerzos.
Por otra parte, el Banco Central reconoció que el proceso de desinflación enfrenta riesgos en el primer trimestre del año. Según el organismo, estos riesgos están asociados a factores estacionales, a la modificación de la canasta del IPC del Indec —que debutará con la medición de enero— y al impacto del nuevo esquema de subsidios sobre las tarifas energéticas.
Entre los factores señalados se encuentran la estacionalidad del rubro Carnes y derivados, los aumentos en electricidad y gas por la readecuación de subsidios y los incrementos habituales de marzo en Educación y Prendas de vestir. El BCRA aclaró que la magnitud de estos impactos transitorios dependerá también de los nuevos ponderadores de la canasta de consumo que utilizará el Indec.