Entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, el Sector Público Nacional perdió 63.234 puestos de trabajo, lo que representa una caída del 18,4% en la dotación de personal. Así lo revela un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que expone el fuerte ajuste aplicado durante la gestión de Javier Milei sobre organismos públicos, empresas estatales y áreas estratégicas del Estado.

El estudio, titulado “La dotación de personal del Sector Público Nacional”, muestra que el mayor recorte se produjo en empresas y sociedades del Estado, seguido por la administración descentralizada y la administración centralizada. En menor medida, también hubo reducciones en la administración desconcentrada y en otros entes públicos.

El caso más significativo es el del Correo Argentino, que encabeza el ranking con 5.284 despidos. Desde el CEPA advirtieron que no se trata solo de una pérdida de empleos, sino de un deterioro de funciones esenciales que exceden el servicio postal y cumplen un rol clave en la integración territorial. En segundo lugar aparece la Operadora Ferroviaria, con 3.637 cesantías, en un contexto de retroceso del sistema ferroviario que impacta directamente en los costos logísticos y en las economías regionales.

El Banco Nación registra 2.208 desvinculaciones, en paralelo a la intención del Gobierno nacional de avanzar en su privatización. En Aerolíneas Argentinas, empresa estratégica para la conectividad del país, se contabilizan 1.872 despidos, mientras que en AySA, responsable del agua potable y el saneamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires, se produjeron 1.730 cesantías.

Uno de los recortes más drásticos fue el de la exTélam, donde se desvinculó al 79% del personal: 640 trabajadores. Desde el CEPA señalaron que su virtual cierre debilita una herramienta fundamental para visibilizar realidades del interior, equilibrar la concentración mediática y garantizar el derecho a la información desde una perspectiva federal.

El informe también alerta sobre una “orientación ideológica” en el proceso de desmantelamiento del Estado. Enarsa Patagonia, Educar S.A., Contenidos Públicos, el Polo Tecnológico Constituyentes, la Administración de Infraestructuras Ferroviarias, el Banco de Inversión y Comercio Exterior, ARCA, el Conicet, el Enacom, el INTI, el INTA y la Anses figuran entre los organismos afectados. En cada caso, el CEPA advierte que la reducción de personal debilita capacidades técnicas, científicas, productivas, de control, de investigación y de atención a la ciudadanía.

También se registraron despidos en las Fuerzas Armadas, un dato que llamó particularmente la atención dentro del relevamiento.

“El ajuste no distingue entre áreas técnicas, científicas, sociales o administrativas. Se trata de un enfoque cuantitativo, sin análisis del impacto institucional ni de las capacidades que se están desarticulando. Lejos de modernizar o eficientizar al Estado, estas medidas lo vacían de contenido, conocimiento y herramientas para intervenir en el desarrollo nacional”, concluyó el Centro de Economía Política.