Los cinco detenidos —tres hombres y dos mujeres— recuperaron la libertad tras el bloqueo al ingreso del relleno sanitario de Santa Rosa y no fueron formalizados por la Justicia. La defensora oficial Silvina Blanco Gómez cuestionó la legalidad de las detenciones y sostuvo que “no existe el delito de entorpecimiento del servicio público de basura”. También aclaró que no se registraron malos tratos policiales.

El conflicto se inició el domingo por la noche y se profundizó el lunes por la mañana, cuando trabajadores del Emhsu vieron interrumpida la recolección de residuos a raíz de un bloqueo realizado por familias de El Amanecer y barrios cercanos. Los manifestantes reclamaban el cese del humo generado por la quema de residuos, una reunión urgente con autoridades municipales y el traslado del relleno a otro sector.

Desde el municipio se presentó una denuncia penal y se difundió un comunicado en el que se calificó la protesta como protagonizada por “un reducido número de personas” que se negaron a levantar el bloqueo pese a los intentos de diálogo. En una primera instancia intervino el Equipo de Abordaje a Incidentes Críticos, que procuró el desalojo voluntario para restablecer el tránsito y el servicio.

Agotadas esas instancias, el juez de control Carlos Matías Chapalcaz ordenó el desalojo. En el operativo participaron el Grupo Especial Policial, el Edaic, la Sección Canes, la Seccional Segunda, Bomberos, la Brigada de Investigaciones y áreas de la Unidad Regional I y del Comando Jefatura. Doce personas fueron demoradas y cinco quedaron detenidas.

Sin embargo, el fiscal Oscar Cazenave explicó que no hubo formalización porque no se configuró una calificación legal y las personas se negaron a declarar. En consecuencia, se dispuso su inmediata libertad.

La defensora Blanco Gómez solicitó la audiencia para plantear la “ilegalidad de la detención” y consideró que fue innecesaria, dado que el desalojo se concretó con orden judicial y los camiones pudieron ingresar al predio. También rechazó que el municipio y el Emhsu actúen como querellantes, al argumentar que, en un supuesto delito contra la seguridad pública, el damnificado es la sociedad en su conjunto y no el prestador del servicio.

Durante la audiencia se planteó además que no se habría permitido realizar el llamado telefónico correspondiente para informar la situación, aunque la defensora reiteró que no hubo maltrato policial. Todo indica que la causa penal no avanzará.