La Red de Juezas y Jueces Penales de la República Argentina expresó su repudio y profunda preocupación por el atentado ocurrido el martes pasado en el Juzgado de Garantías Nº 5 de San Martín, donde un grupo de personas armadas con cuchillos irrumpió en la sede judicial y amenazó de muerte al juez Nicolás Schiavo.

Desde la entidad advirtieron que se trató de un hecho de “violencia inédita y alarmante” y remarcaron que no puede ser considerado un episodio aislado de inseguridad, sino un ataque directo a la independencia del Poder Judicial. “No se puede garantizar un servicio de justicia independiente si quienes deben decidir sobre la libertad y la seguridad de los ciudadanos están expuestos a represalias físicas”, señalaron.

Asimismo, alertaron sobre la falta de medidas de seguridad adecuadas en los edificios judiciales de todo el país, situación que calificaron como una vulnerabilidad estructural. Según expresaron, esta carencia pone en riesgo no solo la integridad física de jueces, juezas, trabajadores judiciales y justiciables, sino también la correcta prestación del servicio de justicia.

En ese marco, la Red reclamó el diseño y la ejecución urgente de protocolos de protección efectivos en todas las sedes judiciales del país y exigió garantizar condiciones reales para el ejercicio independiente de la función judicial. También instó a las autoridades políticas a proveer los recursos humanos y tecnológicos necesarios para evitar que los tribunales se conviertan en zonas liberadas.

Finalmente, solicitaron la intervención de la Suprema Corte de Justicia bonaerense para que, en el ámbito de su competencia, adopte medidas urgentes y firmes ante un hecho que consideraron de extrema gravedad y que, advirtieron, no debe repetirse.