El presidente Javier Milei firmó el jueves por la noche un decreto para instruir a la Procuración del Tesoro a retirar la querella criminal del Estado nacional en la causa que investigaba la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional durante el gobierno de Mauricio Macri. La decisión alcanzó al propio expresidente y a sus exfuncionarios, entre ellos Luis “Toto” Caputo, y se conoció apenas tres días después de que la jueza federal María Eugenia Capuchetti dispusiera el archivo del expediente.

La medida fue formalizada a través del decreto 87/26, cuyo artículo 2° ordena a la Procuración “cesar su intervención como querellante particular en la Causa N° 3561/2019”, caratulada “Macri, Mauricio y otros s/ defraudación por administración fraudulenta y otros”. Se trata de la querella penal que había sido anunciada por el entonces presidente Alberto Fernández durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso en marzo de 2021.

El archivo de la causa, resuelto por Capuchetti, generó una fuerte polémica. La magistrada sostuvo que el manejo de los fondos no podía ser encuadrado como malversación de caudales públicos, al no existir una norma que estableciera un destino obligatorio y específico para los recursos otorgados por el FMI. Sin embargo, el fiscal federal Franco Picardi apeló la resolución y cuestionó duramente el cierre del expediente.

Desde el medio La Política Online señalaron que la jueza fue designada durante el gobierno de Macri y que mantiene vínculos conocidos con dirigentes del PRO. También remarcaron que la retirada de la querella por parte del Gobierno nacional se produjo en tiempo récord, apenas 72 horas después del fallo judicial.

Según fuentes citadas por ese portal, la decisión presidencial no habría tenido como objetivo beneficiar directamente a Macri, sino proteger a integrantes actuales del gabinete libertario que participaron activamente de aquella negociación con el FMI, como el ministro de Economía Luis Caputo y el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger. Ambos ocuparon cargos centrales durante la gestión de Cambiemos.

El giro resulta significativo si se tiene en cuenta que Milei, antes de llegar a la Presidencia, fue uno de los críticos más duros del préstamo otorgado al país durante el macrismo. La deuda, que superó los 41 mil millones de dólares, es la mayor en la historia del organismo internacional.

La acusación contra los exfuncionarios se apoyaba en dos ejes principales. Por un lado, el presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público al no haber consultado al Congreso sobre la toma del endeudamiento, tal como establece la Constitución Nacional. Por otro, la sospecha de que los fondos no se destinaron a fortalecer las reservas, sino a financiar la fuga de capitales y sostener un esquema de dólar barato en beneficio de grandes inversores.

En un informe incorporado a la causa, la Oficina Anticorrupción sostuvo que las divisas del FMI fueron utilizadas como “seguro de cambio” para fondos que habían ingresado al país para aprovechar las altas tasas de las Lebacs, y que luego se canalizaron hacia la formación de activos externos, en violación al deber de probidad de los funcionarios.

El fiscal Picardi, al impugnar el archivo, afirmó que la resolución judicial presentó una valoración “parcial, sesgada y superficial” de los hechos y de la prueba reunida. También cuestionó que se haya analizado de manera fragmentada un proceso que, a su entender, debe evaluarse de forma integral, considerando la toma del empréstito y la administración posterior de los fondos como partes de una misma maniobra.