Denuncias por hechos de corrupción, abusos de poder, falta de recursos para funciones básicas y un alarmante incremento de suicidios sacuden a la Policía Federal Argentina. La situación fue expuesta por efectivos de la propia fuerza, pero aseguran que no obtuvieron respuestas ni de la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, durante 2025, ni de su sucesora, Alejandra Monteoliva, en los primeros meses de 2026.

Las irregularidades quedaron plasmadas en distintas presentaciones formales y también en protestas públicas que se repitieron en los últimos meses. Entre los hechos más graves se menciona el abandono de investigaciones de narcotráfico para priorizar operativos de narcomenudeo con fines estadísticos, el uso irregular de adicionales, la apropiación de dinero por parte de jefes policiales y la carencia de equipamiento básico para las brigadas de investigación.

Según las denuncias, los superiores pactan custodias privadas en eventos del interior del país, asignan personal que debería cumplir tareas investigativas y luego se quedan con parte del dinero. En las planillas figuran efectivos que no se presentan a trabajar, pero cobran igual, repartiendo lo recaudado con los jefes. A esto se suma la falta de computadoras, impresoras, cámaras y otros elementos indispensables para investigar delitos complejos.

La situación también afecta a los canes detectores de drogas, que no recibirían alimentación adecuada ni atención veterinaria por falta de presupuesto, pese a cumplir un rol clave en operativos antidrogas.

Uno de los aspectos más preocupantes es el deterioro psíquico dentro de la fuerza. Las denuncias advierten sobre un aumento significativo de suicidios, además de accidentes vinculados al consumo de alcohol, hechos que, según los efectivos, son silenciados para evitar repercusión pública. En Santa Fe, particularmente en Rosario, se contabilizaron 19 suicidios de uniformados en 2025 entre policías provinciales, federales, gendarmes y personal penitenciario.

Las presentaciones también describen un clima de abuso y acoso sexual hacia agentes y suboficiales mujeres. Señalan que quienes acceden a las exigencias de superiores obtienen privilegios, mientras que quienes se niegan son perseguidas y hostigadas. En ese contexto, se denuncia el uso de “destinos fantasmas” como mecanismo de presión y castigo.

El reclamo salarial es otro eje central del conflicto. Agentes y suboficiales perciben sueldos que rondan entre los 700 y 800 mil pesos, muy por debajo del costo de vida, lo que los obliga a realizar trabajos paralelos para subsistir. Esto genera jornadas extenuantes, agotamiento físico y mental, y un deterioro en la calidad del servicio. Además, la mayoría del personal contaría con chalecos antibalas vencidos y hace años que no recibe capacitación ni prácticas de tiro.

En los últimos días se conocieron convocatorias a acuartelamientos y protestas en distintas provincias, con reclamos que exceden lo salarial y apuntan al maltrato interno, la falta de contención y la ausencia total de respuestas políticas. Mientras tanto, las denuncias formales continúan acumulándose y el malestar dentro de la Policía Federal sigue en aumento.