El presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), Ricardo Gil Lavedra, solicitó en nota dirigida al ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, la intervención de la representación consular argentina en el caso de Agostina Páez, la abogada santiagueña detenida en Brasil acusada de racismo.
El texto, ingresado este viernes, solicita que la Cancillería efectúe gestiones para garantizar el pleno resguardo de los derechos y garantías fundamentales de la compatriota sometida a un proceso penal en la ciudad de Rio de Janeiro.
En la misiva, Gil Lavedra afirmó que “pareciera que las restricciones y las medidas cautelares que se están imponiendo lucen como desproporcionadas; es posible seguir adelante el proceso y que la joven pueda retornar al país”.
El presidente del CPACF recordó que “la República Argentina ha sostenido históricamente, en el ámbito internacional, un firme compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos”. Por ello, pidió que se arbitren los mecanismos diplomáticos y consulares pertinentes para verificar que la abogada cuente con asistencia adecuada y que el proceso respete las garantías judiciales internacionales.
El texto, ingresado este viernes, solicita que la Cancillería efectúe gestiones para garantizar el pleno resguardo de los derechos y garantías fundamentales de la compatriota sometida a un proceso penal en la ciudad de Rio de Janeiro.
En la misiva, Gil Lavedra afirmó que “pareciera que las restricciones y las medidas cautelares que se están imponiendo lucen como desproporcionadas; es posible seguir adelante el proceso y que la joven pueda retornar al país”.
El presidente del CPACF recordó que “la República Argentina ha sostenido históricamente, en el ámbito internacional, un firme compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos”. Por ello, pidió que se arbitren los mecanismos diplomáticos y consulares pertinentes para verificar que la abogada cuente con asistencia adecuada y que el proceso respete las garantías judiciales internacionales.