La próxima disputa entre La Pampa y Mendoza por el control del agua podría trasladarse al Congreso de la Nación, en el marco del debate por una nueva Ley de Glaciares impulsada por la Casa Rosada. Desde el gobierno pampeano advierten que la iniciativa esconde un acuerdo político entre el presidente Javier Milei y el gobernador mendocino Alfredo Cornejo, que pondría en riesgo recursos hídricos estratégicos para la provincia.
El gobernador Sergio Ziliotto ya bajó línea para frenar cualquier modificación normativa que habilite proyectos megamineros asociados a la flexibilización de la protección de glaciares. La preocupación central es que estas iniciativas impacten sobre el Río Colorado, el único curso de agua que permite un aprovechamiento productivo sostenido en el sur pampeano.
En ese escenario, el senador Daniel Bensusán colocó el tema entre las prioridades de su agenda legislativa. Desde La Pampa temen que los proyectos mineros que Mendoza mantiene condicionados a la reforma de la Ley de Glaciares afecten al río Grande, principal afluente del Colorado. Se trata de un curso de agua dulce que nace en glaciares de alta montaña, a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, en Valle Hermoso, dentro del departamento Malargüe.
La advertencia no es nueva. En La Pampa recuerdan el antecedente de la fallida represa Portezuelo del Viento y, sobre todo, el daño irreversible causado al río Atuel, cuyo corte unilateral por parte de Mendoza derivó en la pérdida de un ecosistema que nunca pudo recuperarse, pese a los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ordenaron garantizar un caudal mínimo.
Frente a la posibilidad de que la nueva ley habilite decenas de explotaciones mineras de cobre, oro y otros metales, Bensusán mantiene contacto permanente con organizaciones ambientalistas como Jóvenes por el Clima, Greenpeace Argentina, ¿Ahora qué? y el Círculo de Políticas Ambientales.
Desde ese espacio advierten que otorgar un manejo discrecional de los glaciares a las provincias donde se ubican pone en peligro los cursos de agua que dependen de esas reservas. La Pampa aparece entre los distritos que sufrirían de manera directa las consecuencias de esa decisión.
Las organizaciones ambientalistas también alertan sobre un proceso de entrega de los recursos naturales a intereses extranjeros y cuestionan de forma directa los discursos de Milei y Cornejo, a quienes acusan de promover la alteración o el vaciamiento de la ley que protege a los glaciares, fuente de los ríos cordilleranos. En Mendoza, incluso, ya se registran movilizaciones contra esta avanzada.
En La Pampa, la resistencia se articula a través de una Multisectorial integrada por la CGT y las dos CTA, junto a las históricas Fundación Chadileuvú y Asamblea por los Ríos Pampeanos, bajo una consigna que resume el reclamo: la Ley de Glaciares no se toca.