El gobierno de La Pampa fijó una posición firme contra el proyecto de modificación de la Ley Nacional de Glaciares durante la 55° Asamblea Extraordinaria del Consejo Federal de Medio Ambiente, el ámbito que reúne a las máximas autoridades ambientales del país y a la Nación para coordinar políticas públicas en la materia.

Tal como se preveía, la provincia volvió a quedar enfrentada con Mendoza, una de las jurisdicciones que acompañó la iniciativa impulsada por el gobierno de Javier Milei. Ambas provincias mantienen un histórico conflicto ambiental que llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el uso del río Atuel, con fallos favorables a la postura pampeana.

La reunión tuvo como eje el tratamiento del proyecto que modifica la Ley 26.639, junto al análisis del trabajo técnico de la Comisión de Asesoramiento Legislativo del Consejo. Participaron 21 jurisdicciones y el resultado reflejó una fuerte fragmentación política y técnica: ocho provincias votaron en contra (La Pampa, Buenos Aires, Santa Cruz, La Rioja, Jujuy, Córdoba, Formosa y Santa Fe); ocho a favor (Mendoza, San Juan, Chaco, Entre Ríos, Tucumán, Catamarca, Salta y Ciudad Autónoma de Buenos Aires); cinco se abstuvieron (Neuquén, Chubut, Misiones, Santiago del Estero y Corrientes) y tres estuvieron ausentes (Río Negro, Tierra del Fuego y San Luis).

Desde el Ejecutivo pampeano señalaron que la paridad de votos y el alto nivel de abstenciones evidencian la falta de consensos en torno a una norma que regula bienes ambientales críticos, como el agua de origen glaciar. La delegación provincial estuvo encabezada por la secretaria de Ambiente y Cambio Climático, Vanina Basso.

La Pampa advirtió que, bajo el argumento de fortalecer la autonomía provincial, el proyecto podría debilitar los presupuestos mínimos de protección ambiental establecidos a nivel nacional. La posición del gobernador Sergio Ziliotto se apoya en una interpretación constitucional que articula el dominio originario de los recursos naturales de las provincias con la responsabilidad indelegable del Estado nacional de fijar estándares mínimos ambientales.

En ese marco, la provincia alertó que cualquier modificación que fragmente esos estándares puede derivar en asimetrías regulatorias y competencia entre jurisdicciones. También subrayó que es imprescindible garantizar la gestión integral de cuencas interjurisdiccionales y evitar que decisiones adoptadas aguas arriba comprometan el derecho a un ambiente sano de las provincias aguas abajo.

El principal foco de preocupación está puesto en los proyectos mineros de oro y cobre que Mendoza impulsa en el departamento de Malargüe, con potencial impacto sobre el río Grande, principal afluente del río Colorado, utilizado en territorio pampeano para la producción y el consumo humano. Para La Pampa, la fragmentación de la evaluación de impacto ambiental y la falta de mecanismos federales robustos pueden agravar conflictos interprovinciales y profundizar desigualdades estructurales.

La discusión, señalaron desde el Ejecutivo, expone un debate de fondo sobre el modelo de gobernanza ambiental en la Argentina. La protección de glaciares y ambientes periglaciares, sostienen, no puede quedar sujeta a decisiones unilaterales ni a enfoques fragmentados, sino a una visión federal cooperativa con reglas claras y homogéneas y un Estado nacional activo.

En la misma línea, el senador nacional por La Pampa Daniel Bensusán advirtió que una eventual flexibilización de la ley tendría consecuencias directas y negativas para la provincia. “Este proyecto puede traer consecuencias catastróficas para el ambiente y el desarrollo productivo regional”, afirmó, y remarcó que, aunque La Pampa no tiene glaciares en su territorio, depende directamente de ellos porque son la fuente de los ríos Atuel y Colorado.

“El agua no reconoce límites políticos. Cada decisión que se toma aguas arriba impacta aguas abajo”, sostuvo Bensusán, y alertó que delegar en las provincias la definición de qué glaciares proteger debilita el carácter federal de la normativa ambiental y deja a provincias como La Pampa en una situación de extrema vulnerabilidad. “Necesitamos reglas claras, criterios científicos y una mirada nacional que garantice la protección de un recurso estratégico para todos”, concluyó.