El intendente de Puelén, Mario Rebolledo, realizó su descargo público luego del allanamiento a la Municipalidad en el marco de una investigación judicial por presuntas facturas apócrifas. El jefe comunal reconoció que la comuna adquirió leña a un proveedor que presentó una factura no registrada, aunque sostuvo que la mercadería fue entregada correctamente a los vecinos beneficiarios.

El procedimiento judicial se llevó adelante mientras Rebolledo se encontraba en Santa Rosa. Según explicó, la orden de allanamiento fue cumplida “con total responsabilidad” por parte del Ejecutivo municipal, en el contexto de una causa que investiga irregularidades administrativas vinculadas a compras realizadas durante el año pasado.

Rebolledo detalló que la operación cuestionada se efectuó en junio, dentro del plan Invierno Saludable, mediante el cual todos los años se distribuye leña a familias que lo necesitan. “Compramos leña a una leñera, la leña llegó, se entregó a los vecinos y hay actas firmadas por los beneficiarios. El problema fue que el proveedor entregó una factura que no estaba registrada”, explicó, y remarcó que el error estuvo en no haber controlado correctamente la documentación.

El intendente insistió en que no existió perjuicio social ni desvío de recursos. “Aceptamos la responsabilidad administrativa del error, pero no consideramos que haya delito porque la leña fue entregada y utilizada por quienes correspondía”, señaló. Además, indicó que la situación fue advertida por el Concejo Deliberante en noviembre, durante el análisis del balance mensual, y que desde entonces se venía trabajando el tema de manera conjunta entre el Legislativo y el Ejecutivo, con intervención de las áreas legales.

En declaraciones radiales, Rebolledo sostuvo que incluso se le aplicó una multa administrativa y que se realizaron las presentaciones correspondientes. Por eso manifestó sorpresa ante el allanamiento. “Lo veníamos hablando y trabajando, y de repente aparece esta medida judicial. Por eso tengo mis sospechas”, afirmó.

En ese sentido, vinculó la denuncia con el clima político local y el calendario electoral. “Vienen las elecciones y algunos se empiezan a posicionar. En un pueblo chico nos conocemos todos y la gente ve la gestión. Los debates se tienen que dar con argumentos”, expresó, y adelantó que realizará una presentación judicial para esclarecer los hechos. “No voy a quedar como el malo de la película”, enfatizó.

El conflicto se da en un contexto de fuerte tensión política en la localidad. Rebolledo mantiene una relación tirante con sectores del Concejo Deliberante, entre ellos la viceintendenta Xiomara Suyay Pino, y las concejalas Roxana Andrea Maya y Laura Alejandra Maya. Ya en marzo del año pasado, el intendente había denunciado públicamente una crisis institucional luego del rechazo a un proyecto de becas municipales y aseguró que varias iniciativas del Ejecutivo estaban siendo bloqueadas.

“Hoy doy estas aclaraciones porque estamos tranquilos. Queremos llevar tranquilidad al pueblo, a quienes trabajan con nosotros y a nuestras familias. Tarde o temprano la Justicia lo va a determinar”, concluyó Rebolledo.

Por su parte, la concejala Laura Alejandra Maya aseguró que la denuncia no se limita a una sola factura irregular. Señaló que se detectaron al menos dos facturas apócrifas y aclaró que nunca se cuestionó la entrega de la leña ni a los beneficiarios. “Se cometió una falta grave y por eso se realizó la denuncia”, afirmó.

La edila también indicó que las facturas presentadas no solo eran irregulares, sino que correspondían a un corralón de Buenos Aires que no se dedica a la venta de leña, pese a que la compra se habría realizado a un proveedor local. Además, enumeró otras observaciones incluidas en la denuncia, como el incumplimiento en la presentación de balances del año 2024, pagos duplicados, incongruencias contables y el presunto mal uso de vehículos oficiales.

“Somos tres concejales y la denuncia fue realizada con el acuerdo de todos”, concluyó Maya, al advertir que la investigación judicial abarca un conjunto más amplio de irregularidades administrativas.