Luego de la aprobación del Régimen Penal Juvenil que habilita bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, el Gobierno nacional logró convertir en ley su reforma laboral en el Senado, una de las iniciativas centrales del oficialismo durante el período de sesiones extraordinarias, en la antesala del discurso de Javier Milei por la apertura de sesiones ordinarias.
Desde el oficialismo defendieron la norma como una “actualización” del marco legal que otorgaría mayor previsibilidad y seguridad jurídica a la contratación de trabajadores en relación de dependencia. Sin embargo, el debate mostró escasa participación de los bloques que acompañaron el proyecto: sólo expuso el miembro informante, dos senadoras del PRO que centraron sus intervenciones en la eliminación de la cuota sindical obligatoria, y el cierre estuvo a cargo de Patricia Bullrich, quien sostuvo que la reforma busca terminar con “un sistema en donde nadie contrata a nadie”.
Las críticas más duras provinieron del bloque justicialista. Según consignó Ámbito, uno de los principales cuestionamientos estuvo dirigido al Fondo de Asistencia Laboral, al que calificaron como un “subsidio estatal al despido” en beneficio de las empresas. También objetaron la eliminación de la ley de Teletrabajo sin un marco alternativo y la supresión de distintos estatutos laborales.
“Este proyecto viene a romper todo el sistema de leyes laborales que equilibraban una desigualdad natural en las relaciones de trabajo”, sintetizó la senadora riojana Florencia López. En las bancas peronistas se repitió la advertencia sobre una segura judicialización de la norma, en línea con la movilización anunciada por la CGT a los tribunales para el próximo lunes.
El jefe del bloque Justicialista, José Mayans, fue aún más contundente. Definió la iniciativa como “una ley gorila hecha por gorilas para afectar duramente al trabajador, al jubilado y al pensionado argentino”. Denunció además un “tratamiento exprés de una ley que afecta a 20 millones de personas” y anticipó que “va derecho al conflicto judicial”.
“Nació mal y termina mal. Es un proyecto inconsulto, redactado por estudios jurídicos de empresarios que están en contra de los derechos de los trabajadores”, sostuvo el senador formoseño. En esa línea, advirtió que la reforma atenta contra la posibilidad de una vida digna: “El trabajador sólo tiene su tiempo, y con esta ley no le va a alcanzar para sostener a su familia”.
Mayans calificó al Fondo de Asistencia Laboral como “un robo a cara descubierta a jubilados y pensionados” y aseguró que la norma es abiertamente inconstitucional por vulnerar el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. “Esto rompe el principio protectorio. Es una ley anti trabajador, repugnantemente gorila”, sentenció.