El rector de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Oscar Alpa, advirtió que el sistema universitario público argentino podría atravesar un año de fuerte conflicto durante 2026. En diálogo con los colegas de Radio Textual, señaló que la situación se debe al incumplimiento de la ley de financiamiento universitario, la falta de convocatorias a paritarias y la pérdida del poder adquisitivo de docentes y no docentes.

“El segundo cuatrimestre del año pasado ya anticipábamos que iba a ser conflictivo”, sostuvo Alpa. Según explicó, el Congreso aprobó la Ley de Financiamiento Universitario con más de dos tercios de los votos en ambas cámaras luego del veto presidencial, pero el Poder Ejecutivo decidió no aplicarla.

“Es algo inconcebible constitucionalmente que alguien no quiera cumplir una ley. El Poder Ejecutivo dijo directamente que no la iba a aplicar y la suspendió, como si tuviera facultades para hacerlo”, expresó.

Frente a este escenario, el CIN junto a 49 universidades nacionales presentaron una demanda judicial para exigir la implementación de la norma. El 23 de diciembre obtuvieron un primer fallo favorable que consideró inconstitucional frenar una ley mediante un decreto.

Sin embargo, el Gobierno nacional apeló la decisión, por lo que el expediente actualmente se encuentra en una instancia superior. Además, según detalló el rector, el Estado nacional incluso intentó recusar al juez de la causa por ser docente universitario, planteo que finalmente fue rechazado.

“Todos los jueces pueden ser docentes porque es una actividad permitida. La Cámara desestimó esa recusación”, indicó.

Salarios deteriorados y sin negociación

Alpa describió además un panorama crítico en materia salarial dentro del sistema universitario. Según afirmó, los docentes y no docentes acumulan una pérdida cercana al 40% del poder adquisitivo, mientras que el Gobierno nacional aún no convocó a nuevas negociaciones paritarias.

“No hay perspectiva ni una propuesta concreta. No hay una paritaria donde las partes se sienten a discutir”, remarcó.

En ese sentido, también cuestionó un borrador de proyecto oficial sobre financiamiento universitario que, según explicó, mantendría formalmente vigente la ley, pero sin asignar recursos para su aplicación.

“Es dejar la ley vacía. Donde dice 40% ponen cero. Es lo mismo que derogarla”, sostuvo.

Posible marcha federal

En este contexto, los gremios docentes y no docentes analizan medidas de fuerza y acciones de visibilización. Una de las posibilidades que se evalúa es la convocatoria a una nueva Marcha Federal Universitaria alrededor del 23 de abril, fecha en la que se realizó la primera gran movilización en defensa de la universidad pública en 2024.

La iniciativa es discutida por distintas federaciones sindicales del sector, entre ellas CONADU, CONADU Histórica, FEDUN y la federación no docente FATUN.

“El sistema universitario está angustiado porque no hay perspectiva”, afirmó Alpa.

“Un actor incómodo para el Gobierno”

El rector también vinculó el conflicto con la política general de ajuste impulsada por el Gobierno nacional. Según señaló, la administración busca reducir en un 30% el tamaño del Estado, lo que impacta directamente en el sistema universitario.

“Como no se puede reducir la planta docente por la autonomía universitaria, se baja el salario. El resultado es el mismo: un sistema cada vez más empobrecido”, expresó.

Finalmente, Alpa consideró que el sistema universitario se convirtió en un actor incómodo para el oficialismo luego de las masivas movilizaciones registradas en los últimos años.

“Para ellos somos la oposición que quiso voltear al Gobierno. Pero lo único que queremos es que funcione la universidad pública”, concluyó.