El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) confirmó que, desde el 1º de abril, pondrá en marcha un plan de retiros voluntarios con una vigencia inicial de 30 días. La medida, aprobada por el Consejo Directivo, forma parte de un proceso de reestructuración profunda y apunta a reducir entre 1.000 y 1.500 trabajadores de su planta actual.

Según informó el medio Más Producción, el Gobierno fundamenta esta decisión en la necesidad de achicar el gasto público y revisar el funcionamiento de los organismos descentralizados. El INTA cuenta hoy con más de 5.700 empleados y el objetivo oficial es llevar esa cifra a alrededor de 4.000, implicando un recorte cercano a los 1.700 puestos.

El anuncio generó un clima de fuerte incertidumbre en oficinas y estaciones experimentales. Mientras algunos trabajadores analizan acogerse al retiro tras décadas de servicio, otros sectores rechazan el ajuste presupuestario y advierten por el impacto que tendrá en las capacidades técnicas del organismo. Entre el personal se mezclan las expectativas sobre el futuro institucional y señales evidentes de desgaste ante la situación.

El programa contempla una posible prórroga de 15 días adicionales y abarca tanto a empleados de planta permanente como transitoria, bajo el régimen de la Ley 25.164. Para acceder al retiro, los agentes deberán tener al menos 3 años de antigüedad y ser menores de 65 años al 31 de marzo.

La medida abre un periodo decisivo para el organismo, que atraviesa una etapa definida por el Gobierno como de “transición estructural” y que para muchos trabajadores marca el inicio de cambios irreversibles.