Un grupo de 15 familias decidió instalarse dentro de las instalaciones del ex frigorífico Euro, en Gobernador Gálvez, tras perder sus empleos y no poder afrontar el pago de alquileres. La situación lleva más de 130 días y refleja el impacto social del cierre de la planta.

El conflicto comenzó en octubre de 2025, cuando la empresa paralizó la producción y dejó a unos 140 trabajadores en una situación de incertidumbre. Un mes después, los salarios dejaron de abonarse y, ante la falta de ingresos, algunas familias optaron por quedarse a vivir en el lugar donde trabajaban. Lo que en un principio fue una medida de resistencia, terminó convirtiéndose en una estrategia de subsistencia.

En ese espacio improvisado, las oficinas y sectores productivos fueron adaptados como viviendas. Durante el día, los niños juegan entre escritorios y mesas; por la noche, esos mismos lugares funcionan como camas. Las condiciones son precarias: calientan agua con pavas para el aseo y enfrentan dificultades para sostener la escolaridad de los chicos.

Entre quienes viven allí está Fabiana Carabajal, de 41 años, quien trabajó dos décadas en el frigorífico. Relató que el cambio fue duro para su familia, aunque con el tiempo su hija logró adaptarse al convivir con otros niños en la misma situación. “Toda mi vida trabajé para que no les falte nada y de un día para otro tuve que empezar a decirles que no”, expresó.

También permanece en el lugar Lucía Gómez, que sale cada mañana a trabajar en una pescadería y regresa casi 12 horas después. Explicó que la prioridad dejó de ser el pago de deudas para centrarse en garantizar la comida diaria. Como ella, muchos de los afectados realizan changas: lavan autos, hacen trabajos de jardinería, conducen vehículos de aplicaciones o venden alimentos caseros para sostener a sus familias.

La organización interna es clave. Las tareas se reparten entre hombres y mujeres, incluyendo el cuidado de los niños, en una dinámica comunitaria que busca sostener lo básico en medio de la crisis.

El frigorífico había llegado a emplear a unas 400 personas en 2024, pero una serie de despidos redujo la planta a 150 antes del cierre. Según el delegado sindical Walter Navarro, la nueva conducción de la empresa —a cargo de Guillermo y Nicolás Salimeni— impulsó retiros voluntarios considerados insuficientes por los trabajadores. Además, planteó que podría haber existido una estrategia para reabrir la planta con condiciones laborales más precarias.

Tras el anuncio inicial de una suspensión de actividades por 15 días, comenzaron a retirarse maquinarias y se interrumpieron los pagos, lo que derivó en la ocupación del predio por parte de los empleados.

Actualmente, el conflicto sigue sin resolución. Se desarrollan gestiones entre los propietarios, el intendente Alberto Ricci, el sindicato y posibles inversores interesados en reactivar la planta.

El caso se da en un contexto adverso para la industria frigorífica, que registra caídas en la actividad. Según datos recientes, la faena nacional en febrero fue de 924.000 cabezas, lo que representa una baja del 9% respecto a enero y del 11% en comparación con el mismo mes del año anterior.

Entre los trabajadores más antiguos, la situación se vive con especial angustia. Ángel Ortiz, de 62 años y con 36 en la empresa, quedó a poco de jubilarse. Aunque no reside en el frigorífico, se acerca diariamente y subsiste gracias a la ayuda familiar. “Con la edad que tengo no consigo trabajo”, señaló.

A pesar del escenario crítico, quienes permanecen en el lugar sostienen la esperanza de recuperar sus puestos o encontrar una salida que les permita volver a una vida digna, con trabajo estable y un techo propio.