El Gobierno nacional votó en contra de una resolución impulsada en la Organización de las Naciones Unidas que califica la trata de esclavos y la esclavitud como “el crimen de lesa humanidad más grave” de la historia. La votación se dio en la Asamblea General, donde la iniciativa obtuvo un amplio respaldo internacional.

Según se informó oficialmente, el texto fue aprobado con 123 votos a favor, 3 en contra —entre ellos Argentina, Estados Unidos e Israel— y 52 abstenciones.

La resolución fue presentada por una coalición de países de África, el Caribe y América Latina, y reconoce que la trata transatlántica de africanos esclavizados y el sistema de esclavitud racializada constituyen una violación del derecho internacional cuyos efectos persisten hasta la actualidad.

El documento señala que este sistema, vigente durante más de cuatro siglos, se caracterizó por su escala, brutalidad y carácter estructural, al punto de configurar una de las injusticias más profundas y duraderas de la humanidad. También sostiene que se trató del primer régimen global que estableció la cosificación de personas como propiedad hereditaria y permanente.

Además, repasa antecedentes históricos y jurídicos que legitimaron la esclavitud, como normativas europeas y coloniales que definían a las personas esclavizadas como bienes, y principios legales que permitían la transmisión hereditaria de esa condición.

Uno de los puntos centrales del texto es la imprescriptibilidad de estos delitos. La Asamblea reafirmó que los crímenes vinculados a la esclavitud no prescriben y que los Estados tienen la responsabilidad de reparar los daños ocasionados. En ese marco, se promueve un diálogo internacional orientado a la justicia reparadora, que contemple disculpas formales, indemnizaciones y políticas contra la discriminación estructural.

La resolución también pone el foco en el impacto diferencial sobre mujeres y niñas africanas, quienes fueron sometidas a formas específicas de violencia, como la explotación sexual y la reproducción forzada. Asimismo, destaca las múltiples formas de resistencia de las personas esclavizadas a lo largo de la historia.

Entre otras medidas, el texto solicita fortalecer políticas educativas, preservar la memoria histórica y avanzar en la restitución de bienes culturales a sus países de origen.

La aprobación de esta iniciativa se enmarca en el Segundo Decenio Internacional de los Afrodescendientes (2025-2034) y en la proximidad del centenario de la Convención para la Supresión de la Trata de Esclavos de 1926.