El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°1 de Lanús hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines y ordenó a la Dirección Nacional de Vialidad actualizar los salarios del sector, que permanecían congelados desde octubre de 2024.
La presentación había sido impulsada por el gremio conducido por Graciela Aleñá, ante la falta de propuestas salariales por parte de las autoridades en distintas instancias de negociación.
En su resolución, el magistrado consideró acreditado el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores en un contexto inflacionario, así como una situación de desigualdad respecto de otros empleados del organismo que sí recibieron aumentos. También remarcó el carácter alimentario del salario y la ausencia de una negociación colectiva efectiva.
El fallo establece que los haberes deberán actualizarse en línea con los acuerdos paritarios del Convenio 214, con efecto retroactivo desde noviembre de 2024. Además, se dispuso el pago de las sumas adeudadas en tres cuotas bimestrales, junto con los bonos correspondientes desde mediados del año pasado.
Desde el sindicato señalaron que la decisión judicial representa un respaldo al reclamo sostenido durante más de un año.
El conflicto se da en el marco de tensiones más amplias en el área de transporte. El año pasado, el gobierno de Javier Milei intentó avanzar con el cierre de Vialidad Nacional, iniciativa que finalmente no prosperó en el Congreso.
Por otra parte, trabajadores nucleados en la Unión del Personal Civil de la Nación expresaron su preocupación por la reducción de funciones en organismos vinculados a la seguridad vial. Advirtieron que estas medidas podrían afectar la fiscalización, el control y el desarrollo de políticas públicas en materia de transporte.
El pronunciamiento fue acompañado por empleados de entidades como la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Junta de Seguridad en el Transporte y el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, quienes se declararon en estado de alerta ante posibles cambios estructurales en el sector.