La llegada de la Semana Santa dejó al descubierto una marcada caída en el consumo de pescado en Santa Rosa, en un contexto de suba de precios y retracción del poder adquisitivo durante la gestión del presidente Javier Milei.

Comerciantes locales señalaron que, si bien el volumen de compra por cliente se mantiene, la cantidad de personas que se acerca a las pescaderías disminuyó considerablemente respecto al año pasado. “Viene menos gente”, resumieron desde el sector, reflejando una tendencia que también se replica a nivel nacional.

Uno de los factores centrales es el aumento del precio del pescado, que en los últimos años se disparó hasta un 800%. Este incremento impactó directamente en el consumo, que hoy se ubica en mínimos históricos.

Un informe de la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (Fulasp) advierte que existe una fuerte distorsión en la cadena de precios. Según el relevamiento, el kilo de merluza pasa de unos 1.700 pesos en puerto a cerca de 14.000 pesos en góndola, multiplicándose hasta ocho veces antes de llegar al consumidor.

El estudio remarca que el valor en origen explica apenas una pequeña parte del precio final, mientras que el resto corresponde a intermediación, logística y comercialización. Este fenómeno también se replica en otros productos del rubro, como el salmón rosado y las rabas, que registraron aumentos de hasta el 500% en los últimos años.

Como consecuencia, el consumo anual de pescado en Argentina cayó a unos 5,1 kilos por habitante, el nivel más bajo en medio siglo, muy por debajo de países de la región como Chile o Brasil, y del promedio mundial.

Desde el sector pesquero también alertan sobre una crisis estructural. En ciudades como Mar del Plata, empresarios y armadores advierten que la actividad se vuelve cada vez menos rentable por el aumento del combustible, la presión impositiva y los costos operativos.

Incluso, algunas entidades del sector sostienen que, sin medidas urgentes, la actividad podría paralizarse, con impacto directo en el empleo y la producción. En ese marco, reclaman la declaración de la emergencia pesquera y políticas que permitan ordenar la cadena de precios desde el origen hasta el consumidor final.