Un informe del Centro de Economía Política Argentina advirtió que la disminución de los ingresos provinciales está generando un incremento sostenido de la conflictividad laboral en distintos sectores del Estado. El fenómeno responde a un efecto en cadena: la caída del consumo impacta en la recaudación impositiva y, a su vez, reduce los fondos de coparticipación que reciben las provincias.

Durante el primer trimestre de 2026, los Recursos de Origen Nacional registraron una baja promedio del 6,1%, mientras que la Coparticipación Federal cayó un 8%. A esto se suma que, desde la asunción de Javier Milei, los recursos propios provinciales acumulan una caída real del 7,3% en comparación con el período comprendido entre enero de 2022 y noviembre de 2023.

El informe también señala que en enero de 2026 los recursos de origen provincial descendieron un 3,5% interanual en términos reales. En paralelo, los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) tuvieron una incidencia limitada durante 2025, sin superar el 2% del total de ingresos provinciales, lo que los ubica lejos de representar una solución estructural frente a la merma de recursos.

En este escenario, el gasto público de las provincias continúa altamente concentrado en servicios sociales —como educación, salud, seguridad y jubilaciones— que representan entre el 70% y el 80% de las erogaciones totales. La reducción de ingresos obligó a aplicar recortes en estos sectores, generando tensiones con los trabajadores estatales.

Según el relevamiento, en lo que va de 2026 se contabilizan al menos 92 conflictos laborales en el ámbito público a nivel nacional. De ese total, más del 80% permanece activo sin resolución, mientras que cerca de una cuarta parte logró acuerdos temporales a la espera de nuevas negociaciones paritarias.

Frente a esta situación, el Gobierno nacional analiza implementar un esquema de adelantos de fondos coparticipables destinado a 12 provincias, con un límite de 400.000 millones de pesos. Estos recursos deberán ser devueltos en el transcurso del año y estarán sujetos a una tasa del 15%.

El CEPA concluye que este mecanismo, lejos de revertir el problema, podría profundizarlo. La asistencia mediante adelantos implica comprometer ingresos futuros, lo que consolida la caída de la actividad económica y debilita aún más la capacidad de negociación de las provincias frente a la Nación.