El ministro de Economía, Luis Caputo, salió a justificar la entrega de créditos hipotecarios del Banco de la Nación Argentina a funcionarios del Gobierno, en medio de cuestionamientos y una denuncia judicial que busca investigar las condiciones en que fueron otorgados.

Durante una entrevista televisiva, el funcionario rechazó las críticas y aseguró que “no hay nada ilegal y mucho menos inmoral” en la adjudicación de estos préstamos, que en algunos casos alcanzaron montos de hasta 350.000 dólares.

Caputo sostuvo que el acceso a estos créditos por parte de empleados públicos es “lógico y normal”, al argumentar que muchos de ellos perciben sus salarios a través del banco estatal. En ese sentido, defendió la medida como una política válida y beneficiosa, incluso desde el punto de vista económico. “Es una oportunidad única. Le conviene al país que se desarrolle el crédito hipotecario, es un motor de reactivación fenomenal”, afirmó.

Además, reveló que incentivó personalmente a su entorno a solicitar estos préstamos y recomendó hacerlo de manera generalizada, ante la posibilidad de una suba futura en el valor de las propiedades.

En paralelo, la diputada Mónica Frade presentó una denuncia para que la Justicia investigue posibles irregularidades en el otorgamiento de estos beneficios. La legisladora pidió una intervención urgente para esclarecer si existieron privilegios o condiciones diferenciales para funcionarios, directivos y legisladores oficialistas.

Entre los beneficiarios mencionados figuran integrantes del equipo económico, autoridades del Banco Central y directivos de empresas estatales, además de diputados vinculados al oficialismo, con créditos que en varios casos superan los 200.000 dólares.

Desde el Banco Nación, en tanto, aseguraron que los préstamos fueron aprobados bajo los requisitos habituales, sin excepciones, y que se aplicaron los mismos criterios de evaluación crediticia —basados en el análisis de ingresos— que se utilizan para cualquier cliente.

El tema se suma a la agenda de tensiones políticas y económicas, en un contexto donde crecen los cuestionamientos sobre el acceso al crédito y el uso de recursos en el ámbito estatal.