El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó nuevamente en el centro de la escena tras conocerse que hipotecó el departamento donde vivía con su familia en la ciudad de Buenos Aires mediante un crédito otorgado por particulares.

Según información publicada por el diario La Nación, el préstamo habría sido de 100.000 dólares y tuvo como acreedoras a dos mujeres, en una operatoria similar a la utilizada para la adquisición de otro inmueble en el barrio de Caballito en 2025. En ambos casos, los créditos no fueron otorgados por entidades bancarias.

De acuerdo con los registros, sobre la propiedad ubicada en la calle Asamblea al 1100 existen dos hipotecas: una de 75.000 dólares firmada en 2014 con la anterior propietaria del inmueble, y otra más reciente, de noviembre de 2024, por 100.000 dólares, financiada mayormente por una de las acreedoras.

El funcionario había declarado estas deudas ante la Oficina Anticorrupción, aunque sin detallar su origen, consignando montos en pesos equivalentes a los créditos en dólares.

La situación tomó mayor relevancia luego de que el presidente Javier Milei ratificara públicamente su respaldo a Adorni en una reunión de Gabinete realizada en Casa Rosada.

En paralelo, el fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó medidas para profundizar la investigación sobre el patrimonio del funcionario, entre ellas el historial completo de dominio de los inmuebles vinculados y datos sobre sus viajes al exterior.

La causa, que tramita ante el juez Ariel Lijo, apunta a determinar si existe un desfasaje entre los ingresos declarados por Adorni y su nivel de vida, incluyendo la compra de propiedades a valores presuntamente inferiores al mercado y la obtención de créditos hipotecarios por fuera del sistema financiero tradicional.

Además, se pidió información a la Dirección Nacional de Migraciones sobre los movimientos internacionales del funcionario, su esposa y personas de su entorno, con el objetivo de reconstruir itinerarios y determinar quién financió esos viajes.

Otro de los puntos bajo análisis es la participación de la escribana que intervino en las operaciones inmobiliarias, quien deberá declarar en el marco de la causa.

Las sospechas se intensificaron luego de que trascendiera que otras dos mujeres jubiladas habrían otorgado una hipoteca por más de 200.000 dólares a favor del funcionario, pese a no registrar vínculo previo con él.

La investigación continúa en curso y busca esclarecer el origen de los fondos, las condiciones de los préstamos y la legalidad de las operaciones realizadas.