Un grupo de diputados nacionales peronistas denunció que el deterioro creciente de las rutas en todo el país está directamente vinculado a la retención de fondos que, por ley, debían destinarse a infraestructura vial. Según el informe difundido, se trata de una suma que asciende a más de 1,1 billones de pesos provenientes del Impuesto a los Combustibles.

El señalamiento apunta contra el ministro de Economía, Luis Caputo, a quien acusan de no transferir el 28,58% de lo recaudado por ese tributo al Sistema Vial Integrado (Sisvial), tal como establece la ley 23.966. Esos recursos están específicamente asignados al mantenimiento y mejora de las rutas nacionales.

De acuerdo con los datos relevados, la recaudación del impuesto tuvo un fuerte crecimiento desde la asunción del presidente Javier Milei. Entre 2023 y 2024 aumentó un 378%, mientras que en 2025 volvió a incrementarse un 92%. Sin embargo, los montos que debían girarse al sistema vial no habrían sido transferidos en su totalidad.

El diputado entrerriano Guillermo Michel, uno de los firmantes del informe, advirtió que la situación de las rutas “no se sostiene más” y cuestionó la falta de respuestas por parte del Ministerio de Economía ante los pedidos de informes realizados desde el Congreso. En provincias como Entre Ríos, el deterioro de la red vial ya genera fuertes reclamos de vecinos e intendentes.

Según los legisladores, esta retención de fondos podría constituir un incumplimiento legal que eventualmente termine judicializado en la Corte Suprema. También sostienen que el superávit fiscal que exhibe el Gobierno se apoya en la postergación de obligaciones del Estado, como pagos a proveedores —entre ellos, deudas con el PAMI— y la subejecución de partidas específicas.

En paralelo, distintos análisis económicos coinciden en que uno de los ejes centrales del ajuste fiscal ha sido el recorte en obra pública. Informes recientes señalan que desde el inicio de la actual gestión se produjo una fuerte caída en el gasto de capital, con especial impacto en infraestructura vial, sanitaria y habitacional.

Los datos disponibles indican que en 2024 se iniciaron apenas 18 obras en todo el país, una caída drástica respecto al año anterior, y que la inversión en Vialidad Nacional se redujo a niveles históricamente bajos. Como consecuencia, el porcentaje de rutas nacionales en mal estado habría aumentado, afectando la conectividad, la seguridad vial y la actividad económica en distintas regiones.

En este contexto, intendentes de diversas provincias comenzaron a coordinar acciones conjuntas para visibilizar la problemática, mientras crece el malestar también a nivel de los gobiernos provinciales ante la falta de financiamiento para sostener la infraestructura básica.