La ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional hasta marzo de 2026 muestra un recorte profundo del gasto estatal. De acuerdo a un informe del Centro de Economía Política Argentina, el gasto total cayó un 30% en términos reales respecto al mismo período de 2023, con un impacto directo en áreas sensibles.

El análisis señala que, mientras se reducen partidas destinadas a políticas sociales, salud, educación y desarrollo productivo, crecen los recursos asignados a inteligencia y al pago de deuda. En ese marco, la gestión del presidente Javier Milei exhibe un aumento del 35% en la ejecución de la Secretaría de Inteligencia del Estado, mientras que los servicios de deuda ya representan el 13% del gasto total.

Desde el CEPA advirtieron que “la magnitud de los recortes plantea un desafío crítico para la sostenibilidad de programas esenciales”, en un contexto económico complejo.

En el área de salud, los ajustes alcanzan a organismos clave como la Superintendencia de Servicios de Salud (-61%) y hospitales nacionales, con caídas que van del 30% al 52%. También se registran recortes en el ANMAT (-33%) y el Instituto Malbrán (-35%), además de programas sanitarios que, en algunos casos, dejaron de ejecutarse por completo. En contraste, el INCUCAI presenta un incremento significativo.

El área científica también atraviesa una fuerte contracción. El CONICET registra una caída del 32%, mientras que programas de investigación e innovación se desploman hasta un 83%. Otros organismos como la CONAE y el Servicio Meteorológico Nacional también sufren reducciones importantes.

En materia social, la ANSES presenta una baja del 9%, mientras que áreas destinadas a niñez, economía social y asistencia alimentaria muestran recortes mucho más profundos, con programas que directamente dejaron de ejecutarse o sufrieron caídas superiores al 90%.

La educación es otro de los sectores más afectados. Programas como Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente registran una ejecución nula, mientras que las becas estudiantiles caen un 82% y la inversión en infraestructura educativa prácticamente desaparece.

En paralelo, el ajuste también impacta en el desarrollo productivo y energético, así como en las fuerzas de seguridad y armadas, con reducciones generalizadas en sus presupuestos.

Uno de los puntos más críticos es la paralización de la obra pública. Según el informe, los programas vinculados a infraestructura, transporte y obras viales presentan caídas que van del 78% al 100%, afectando directamente la actividad económica y la generación de empleo.

Finalmente, las transferencias a provincias y municipios también se reducen de manera drástica, con recortes cercanos al 100% en algunos fondos específicos, lo que profundiza las dificultades financieras en los distritos del interior del país.