Intendentes de todo el país, nucleados en la Federación Argentina de Municipios (FAM), evalúan presentar una denuncia judicial contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por presunta malversación de caudales públicos ante la falta de transferencias para obras viales.

El planteo surge a partir de la retención de fondos provenientes del impuesto a los combustibles, que por ley deben destinarse en gran parte al mantenimiento y desarrollo de la infraestructura vial. Según los jefes comunales, estos recursos no están siendo enviados a los destinos correspondientes, lo que afecta directamente a municipios y provincias.

La normativa vigente establece que un porcentaje de lo recaudado debe integrarse al fideicomiso de infraestructura de transporte, con prioridad en obras viales. Sin embargo, de acuerdo a cálculos de la FAM, durante el último año se habrían transferido montos muy por debajo de lo estipulado, generando un fuerte desfinanciamiento del sistema.

Desde el espacio que conduce el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, advirtieron que si no hay una convocatoria urgente por parte del Gobierno nacional para discutir la situación, avanzarán con la vía judicial.

Algunos intendentes señalaron que los fondos retenidos estarían siendo utilizados en operaciones financieras, lo que, de confirmarse, podría encuadrarse como un delito. También remarcaron el impacto concreto en sus distritos, donde la falta de recursos dificulta el mantenimiento de rutas y obras esenciales.

Además, trascendió que en ámbitos judiciales ya habría interés en investigar posibles desvíos de estos fondos, lo que incrementa la tensión entre los gobiernos locales y la administración nacional.

Desde la FAM insistieron en la necesidad de abrir un canal de diálogo para encontrar soluciones, aunque advirtieron que la situación es crítica y que, de no obtener respuestas, la denuncia será el próximo paso.