El Gobierno de La Pampa resolvió avanzar como parte querellante en las investigaciones judiciales por amenazas de tiroteos detectadas en distintos establecimientos educativos de la provincia, en un contexto de creciente preocupación por este tipo de hechos.
La presentación fue realizada a través de la Fiscalía de Estado, por instrucción del gobernador Sergio Ziliotto, con el objetivo de colaborar en el esclarecimiento de los casos y garantizar que las conductas intimidatorias tengan consecuencias judiciales. El fiscal de Estado subrogante, Araldo Eleno, fundamentó la medida en la necesidad de resguardar la seguridad pública, el orden institucional y el normal desarrollo de las clases.
Desde el Ejecutivo detallaron que ya se activaron protocolos de prevención y contención en cada situación detectada, incluyendo la suspensión de actividades escolares cuando fue necesario, la intervención de organismos de protección de derechos y el acompañamiento de equipos técnicos.
Uno de los casos más relevantes ocurrió en el Colegio República de El Salvador de General Pico, donde aparecieron pintadas amenazantes y un estudiante de 13 años manipulaba una munición. Allí se dispusieron medidas específicas como asistencia terapéutica urgente, supervisión familiar reforzada y una modalidad de escolarización con acompañamiento.
También se investigan episodios similares en localidades como 25 de Mayo, General Acha y Santa Rosa, donde las denuncias derivaron en la intervención del Poder Judicial, la Fiscalía Penal Juvenil y distintas áreas del Estado provincial.
En paralelo, las autoridades reforzaron la presencia policial en escuelas y aplicaron medidas preventivas, como controles en el ingreso de estudiantes. En algunos casos, se solicitó asistir únicamente con útiles básicos para facilitar las inspecciones.
Desde el Gobierno advirtieron que muchos de estos hechos estarían vinculados a desafíos virales difundidos en redes sociales, por lo que insistieron en la importancia del rol de las familias para acompañar y dialogar con adolescentes sobre la gravedad de estas conductas.
En la ciudad de General Pico y en el norte provincial, la Fiscalía recibió varias denuncias en pocos días. El fiscal Guillermo Komarofky indicó que se trabaja junto a la Agencia de Investigación Científica en el análisis de cámaras de seguridad para identificar a los responsables, e incluso ya se ordenaron allanamientos en algunos casos.
La preocupación también alcanzó a instituciones de Santa Rosa, donde estudiantes y autoridades repudiaron estos hechos y remarcaron que “no son un chiste”, alertando sobre el impacto que generan en la convivencia y la vida escolar.