La Justicia Federal avanza con una serie de medidas para investigar el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en una causa que busca esclarecer el origen de los fondos utilizados en la compra de propiedades y la realización de obras de alto costo.

Tribunales de Comodoro Py

La investigación, a cargo del fiscal Gerardo Pollicita, se desarrolla en los tribunales de Comodoro Py y apunta a reconstruir la ruta del dinero tras la adquisición de tres inmuebles y las refacciones realizadas en uno de ellos. La sospecha gira en torno a posibles inconsistencias en las declaraciones juradas del funcionario.

El cronograma de la semana incluye diversas declaraciones testimoniales. Este lunes deberán presentarse los responsables de la Inmobiliaria Rucci, la martillera Natalia Rucci y su socio Marcelo Trimarchi, para brindar detalles sobre la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito. La fiscalía analiza la documentación ya secuestrada para determinar el valor real de la operación.

El miércoles será el turno de Pablo Martín Feijoo, señalado como intermediario en una operación financiera que incluyó una hipoteca privada de 200 mil dólares otorgada por dos jubiladas. La Justicia intenta establecer cómo se concretó ese vínculo, dado que las mujeres aseguraron no conocer al funcionario.

La causa también pone el foco en una propiedad ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. El viernes declarará el constructor Matías Tabar, quien estuvo a cargo de las reformas. Deberá presentar presupuestos, facturación y registros de comunicación para determinar quién financió las obras y si esos gastos coinciden con los ingresos declarados.

Además, se solicitó información sobre costos asociados al barrio privado, como una cuota de ingreso de 5.000 dólares y expensas cercanas a los 700 mil pesos, que figurarían a nombre de su esposa, Bettina Angeletti.

El cierre de esta etapa está previsto para el lunes 27 de abril, con la declaración del vendedor del inmueble, Juan Cosentino. La investigación busca contrastar los valores de mercado con los registrados oficialmente y determinar si hubo irregularidades en las operaciones.