La Federación Argentina de Trabajadores de la Imprenta, Diarios y Afines resolvió la expulsión definitiva de su ex secretario general, Aníbal Schmidt, en el marco de un escándalo por presuntas irregularidades en el manejo de fondos de la obra social del sector.

La decisión fue adoptada durante el 32° Congreso Extraordinario, con la participación de representantes de 18 filiales y 32 congresales de todo el país. La sanción incluye además la inhabilitación permanente del dirigente para ocupar cargos tanto en la federación como en la Obra Social del Personal de la Industria Gráfica.

Según trascendió, la resolución establece su apartamiento “inmediato y permanente” tras considerarse acreditadas conductas calificadas como “inadmisibles”, vinculadas a un presunto accionar irregular en la administración de recursos. Asimismo, se instruyó avanzar con acciones civiles y penales para determinar responsabilidades y recuperar fondos.

La medida se fundamenta en una auditoría externa que detectó inconsistencias en la rendición de cuentas de la obra social. Entre los puntos más relevantes, se mencionan egresos sin respaldo documental por más de 295 millones de pesos, lo que impidió verificar la trazabilidad de los fondos.

El informe también señala transferencias superiores a los 301 millones de pesos destinadas al pago de salarios, cargas sociales e impuestos de personal vinculado a un sindicato, sin que se pudiera acreditar su relación con prestaciones de salud. A esto se suma un marcado deterioro financiero: la deuda prestacional alcanzó los 4.689 millones de pesos a febrero de 2026, con un incremento cercano al 980% respecto del año anterior, situación que derivó en la interrupción de servicios por falta de pago a prestadores.

Además, la auditoría advirtió irregularidades en el padrón de afiliados de la delegación La Pampa y movimientos de fondos cuya correspondencia con beneficiarios no pudo ser validada, lo que profundiza las sospechas sobre el manejo discrecional de recursos.

En paralelo, la federación y la obra social radicaron una denuncia penal ante la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires, donde se investigará la gestión del ex dirigente.

Desde FATIDA señalaron que la sanción busca marcar un límite frente a prácticas que afecten la transparencia institucional y la confianza de los afiliados. Asimismo, en un plenario de secretarios generales se remarcó que las denuncias deben canalizarse por vías judiciales e institucionales, evitando exposiciones mediáticas que puedan interferir en los procesos internos.