La jueza de control de General Pico, Jimena Cardoso, condenó a Julieta Caterina Ponce y a Raquel Estela Mujica a un año de prisión en suspenso por su participación en una maniobra de extorsión contra un vecino de la ciudad. Ambas fueron consideradas coautoras del delito de encubrimiento doblemente agravado y deberán cumplir reglas de conducta durante dos años.

La sentencia se dictó en el marco de un juicio abreviado acordado entre el fiscal Matías Juan, el defensor oficial Héctor Freigedo y las imputadas, con la aceptación de la víctima.

De acuerdo con la investigación, el damnificado fue engañado mediante amenazas de una falsa denuncia por un delito sexual. Bajo esa presión, realizó múltiples transferencias que totalizaron 16 millones de pesos. La magistrada consideró probado el hecho a partir de la denuncia, registros bancarios y pericias telefónicas, que permitieron establecer el rol de las acusadas en la recepción y circulación del dinero, cuyo origen ilícito conocían.

Según se determinó, los autores de la extorsión serían internos de una unidad penitenciaria de Mendoza, quienes operaban de manera remota para concretar la maniobra.

En la misma causa, una tercera imputada, Jaquelina Claveria Maldonado, accedió a un criterio de oportunidad tras ofrecer una reparación económica de 5 millones de pesos, lo que derivó en su sobreseimiento por extinción de la acción penal.

El hecho ocurrió en enero, cuando la víctima fue contactada virtualmente y amenazada con una supuesta denuncia por grooming, que nunca existió. A raíz de ello, efectuó los pagos para evitar consecuencias judiciales inexistentes.

Las imputadas habían sido detenidas a fines de marzo por la Brigada de Investigaciones de General Pico en distintas localidades de Mendoza, una de ellas en la zona de Uspallata cuando intentaba cruzar hacia Chile.