El diputado nacional Juan Marino, vicepresidente de la comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, encabezó una reunión abierta con más de 150 referentes del sector, donde volvió a tomar fuerza el pedido de juicio político contra el ministro de Salud, Mario Lugones, por los recortes en el área.
La convocatoria se realizó en respuesta a la decisión del oficialismo de mantener inactiva la comisión, en medio de reclamos de organizaciones que buscan visibilizar la situación. Durante el encuentro, Marino advirtió sobre un escenario crítico: cierre de centros de día, interrupción de tratamientos, falta de medicamentos y demoras en la asignación de pensiones.
El legislador, integrante de Unión por la Patria, cuestionó con dureza al gobierno de Javier Milei y sostuvo que la situación representa un fuerte retroceso en derechos para las personas con discapacidad.
En la actividad también participó el niño Ian Moche junto a su madre, quien denunció haber sufrido amenazas y agresiones tras una exposición pública en redes sociales que involucró a la diputada Lilia Lemoine.
Por su parte, la actriz Lola Berthet se sumó al reclamo de juicio político, en una jornada donde distintos testimonios coincidieron en señalar dificultades crecientes para acceder a terapias, tratamientos y cobertura médica.
Durante el encuentro, además, se propuso la creación de un Observatorio Nacional de la Discapacidad, con participación de organizaciones, universidades y legisladores, con el objetivo de relevar la situación real del sector.
En paralelo, se expresó un amplio rechazo al proyecto del Ejecutivo que busca reformar el régimen de pensiones por invalidez laboral. La iniciativa contempla un reempadronamiento obligatorio de beneficiarios en un plazo acotado y endurece los requisitos de acceso, estableciendo que la invalidez deberá ser total y permanente, además de exigir condiciones estrictas de vulnerabilidad económica.
También se plantea la incompatibilidad entre el cobro de la pensión y cualquier tipo de empleo formal, medida que, según los críticos, implicaría una reducción significativa en la cantidad de beneficiarios.
Desde el Gobierno justifican los cambios en el fuerte crecimiento del sistema en las últimas dos décadas, mientras que desde la oposición advierten que se trata de un ajuste que impactará directamente en uno de los sectores más vulnerables.