Un caso ocurrido en la provincia de Santa Fe volvió a poner en debate el impacto de las amenazas escolares y las consecuencias legales que pueden tener incluso cuando son tomadas como una “broma”.

La situación se hizo viral luego de que una abuela reaccionara con enojo al recibir una notificación oficial por más de 5,8 millones de pesos, correspondiente a los costos de un operativo de seguridad generado por una falsa amenaza. “¿Qué hiciste, no te da vergüenza?”, le recriminó al menor al conocer la sanción.

Según informaron autoridades provinciales, durante el fin de semana largo se emitieron 11 intimaciones que en conjunto superan los 36 millones de pesos. Estas sanciones buscan recuperar los gastos generados por la activación de protocolos de emergencia, que incluyen la intervención de fuerzas policiales, brigadas especializadas y despliegues logísticos.

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, explicó que las notificaciones se envían una vez que la Fiscalía valida la identidad de los responsables, independientemente de si son menores o mayores de edad. En esos casos, la responsabilidad económica recae sobre los adultos a cargo.

Los montos se calculan en función de los recursos utilizados en cada operativo: desde combustible y vehículos hasta horas de trabajo del personal y la participación de unidades especiales como explosivos.

Las familias tienen un plazo de cinco días para abonar la suma. De no hacerlo, la deuda pasa a la Fiscalía de Estado para su ejecución.

El caso refleja una política más estricta frente a este tipo de hechos, que buscan desalentar conductas que, aunque puedan parecer inofensivas, movilizan recursos críticos y generan situaciones de alto riesgo en la comunidad.