El juez de audiencia Federico Pellegrino condenó a Aníbal Antonio Alberto, de 70 años, y a su hijo Andrés Aníbal Alberto, de 46, por una estafa ganadera cometida mediante el uso de cheques sin fondos y maniobras comerciales fraudulentas.
El fallo estableció una pena de tres años de prisión efectiva para el padre y de tres años y seis meses de cumplimiento efectivo para el hijo, ambos en calidad de coautores del delito.
La investigación determinó que los acusados, vinculados a la firma Panema S.A., con sede en Justiniano Posse, Córdoba, realizaron compras de hacienda y contrataron servicios de transporte utilizando cheques de pago diferido que sabían que no podrían cubrir.
Según se acreditó en el juicio, entre enero y marzo de 2021 adquirieron 195 cabezas de ganado por más de 5,7 millones de pesos y luego otras 475 cabezas por más de 10,5 millones, operaciones que fueron canceladas con cheques rechazados por falta de fondos.
Además, contrataron empresas de transporte de hacienda y cereales por montos superiores a los 700 mil pesos y otros 73 mil pesos adicionales, compromisos que tampoco abonaron.
Durante los alegatos, el fiscal general Armando Agüero sostuvo que los acusados continuaron realizando operaciones comerciales pese a conocer la crítica situación financiera de la empresa. También indicó que acumulaban más de mil cheques rechazados y que nunca existió intención real de pago.
En la sentencia, Pellegrino consideró probado que la empresa “se preparó para su quiebra”, incorporando mercadería y hacienda que luego no pagó, además de desprenderse previamente de capital para frustrar el cobro de acreedores.
El magistrado remarcó que Andrés Alberto tenía un rol central en la operatoria: realizaba contrataciones, emitía cheques y dirigía las maniobras comerciales. Sobre Aníbal Alberto, sostuvo que mantenía facultades de control y decisión sobre las operaciones de la firma.
Al momento de fijar las penas, el juez tuvo en cuenta como agravante la magnitud del perjuicio económico, que actualizado superaría los mil millones de pesos, además de la ausencia de respuestas hacia las empresas damnificadas.