El juez federal Alejo Ramos Padilla ordenó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que adopte las medidas administrativas y presupuestarias necesarias para asegurar el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), organismo clave en la identificación de hijos e hijas de desaparecidos durante la última dictadura militar.

La decisión judicial llegó luego de que Abuelas de Plaza de Mayo alertara públicamente sobre el riesgo de paralización del organismo por falta de recursos. Horas antes, el organismo de derechos humanos había reclamado la intervención de jueces y legisladores para evitar el desmantelamiento del banco genético.

Según informó Página 12, la situación se agravó tras una nota enviada por la directora técnica del BNDG, Mariana Herrera Piñero, a distintos juzgados y tribunales federales. Allí advirtió que el organismo ya no estaba en condiciones de seguir tomando muestras biológicas necesarias para los cotejos de ADN vinculados a causas de lesa humanidad.

La alarma se extendió rápidamente en el ámbito judicial. El fiscal Pablo Parenti, titular de la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado (UFICANTE), impulsó presentaciones en distintas jurisdicciones. En La Plata, también intervino la Unidad de Asistencia para causas por Violaciones a los Derechos Humanos.

Ante ese escenario, Ramos Padilla dictó una medida cautelar interina y exigió a Adorni que, en un plazo de cinco días, informe cuál es el interés público comprometido en el funcionamiento del organismo, que depende de la órbita de la Jefatura de Gabinete. En el mismo plazo, el ministro Juan Bautista Mahiques deberá pronunciarse sobre la posible responsabilidad del Estado nacional ante una eventual afectación del servicio de justicia.

En su resolución, el magistrado advirtió que una interrupción del funcionamiento del BNDG “podría comprometer seriamente la producción y preservación de prueba judicial esencial e irrepetible” en causas vinculadas a delitos de lesa humanidad.

El Banco Nacional de Datos Genéticos fue creado en 1987 durante la presidencia de Raúl Alfonsín, tras un pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, con el objetivo de utilizar herramientas científicas para identificar a niños apropiados durante el terrorismo de Estado.

Actualmente, el organismo conserva unas 32 mil muestras genéticas. La mayoría corresponde a investigaciones por apropiación de menores durante la dictadura y a personas que buscan conocer su verdadera identidad.

Desde Abuelas advirtieron que el desfinanciamiento podría generar daños irreversibles tanto en las causas históricas como en nuevas investigaciones relacionadas con el derecho a la identidad. La organización, presidida por Estela de Carlotto, sostuvo además que el ajuste ya afecta servicios esenciales, viajes para toma de muestras y tareas de preservación del material genético.

La directora del organismo había alertado desde marzo sobre la falta de recursos humanos y materiales. Entre otras dificultades, señaló que no podían afrontar pagos a proveedores vinculados a seguridad, mantenimiento informático y control ambiental, indispensables para conservar las muestras biológicas a temperaturas adecuadas.

El 6 de mayo, Herrera Piñero informó que para 2026 solo se había aprobado el 56 por ciento del presupuesto solicitado. Dos días más tarde, comunicó que el organismo ya no estaba en condiciones de continuar tomando nuevas muestras.