La provincia de Río Negro aprobó una nueva legislación que obliga a los conductores responsables de siniestros viales bajo efectos del alcohol o drogas a reintegrar al Estado los costos de atención médica y asistencia brindada en hospitales públicos.

La medida alcanza tanto a los gastos generados por la atención del propio conductor como de terceros afectados en el hecho.

La normativa también incorpora otras infracciones consideradas graves, entre ellas cruzar semáforos en rojo, manejar a velocidades superiores a las permitidas, conducir de manera temeraria o circular sin licencia habilitante.

Según se estableció, el recupero económico se aplicará únicamente cuando las obras sociales o compañías aseguradoras no cubran los costos derivados de la atención sanitaria.

La autoridad encargada de determinar los montos será el Ministerio de Salud rionegrino, que calculará los valores de acuerdo al nomenclador oficial y a los servicios prestados.

Además del reintegro económico, los infractores deberán realizar capacitaciones obligatorias vinculadas a seguridad vial y prevención.

La ley también fija que un porcentaje de los fondos recuperados será destinado a campañas de concientización y políticas preventivas.

La Pampa prioriza la prevención

En La Pampa todavía no se analiza formalmente una legislación de características similares.

Desde el Ministerio de Salud provincial señalaron que actualmente existen mecanismos de recupero cuando las personas involucradas en siniestros no cuentan con cobertura o cuando las aseguradoras rechazan hacerse cargo de las prestaciones.

Sin embargo, remarcaron que el principal enfoque provincial continúa siendo la prevención antes que la aplicación de medidas punitivas.

Fuentes oficiales indicaron que el consumo de alcohol y drogas sigue apareciendo como una de las principales causas de los accidentes de tránsito y aseguraron que permanentemente se evalúan herramientas para fortalecer el sistema sanitario y las políticas preventivas.

No obstante, reconocieron que las experiencias implementadas en otras provincias están siendo observadas y podrían analizarse a futuro en caso de existir consenso social y político.