La Justicia Federal de Córdoba dispuso una medida cautelar contra el programa Incluir Salud y el PAMI, exigiendo que en un plazo máximo de 72 horas normalicen los pagos adeudados a prestadores que atienden a personas con discapacidad.
La resolución fue firmada por el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja en el marco de un amparo colectivo de alcance nacional, que tendrá vigencia durante seis meses o hasta que exista una sentencia definitiva.
La presentación judicial fue impulsada por prestadores que denunciaron graves atrasos en los pagos por parte del Estado nacional, situación que derivó en interrupciones de tratamientos, dificultades para sostener terapias y falta de entrega de medicamentos destinados a pacientes con discapacidad.
Entre los antecedentes considerados por el magistrado aparece un fallo emitido meses atrás por la Justicia Federal de Campana, que había cuestionado la validez de uno de los decretos utilizados por el Gobierno nacional para suspender la aplicación plena de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Durante el proceso, distintas instituciones y centros de atención expusieron las consecuencias económicas derivadas de la demora en los pagos. Uno de los casos incorporados al expediente indicó que las deudas acumuladas generaron millonarios intereses fiscales y complicaciones para sostener el funcionamiento de los servicios.
Desde el Ministerio de Salud argumentaron ante la Justicia que los retrasos se vinculan a un proceso de reorganización administrativa y cambios en los mecanismos de gestión del programa Incluir Salud, tras su traspaso desde la Agencia Nacional de Discapacidad.
El Gobierno sostuvo además que la situación se encuentra en vías de regularización y que no existe intención de reducir prestaciones ni cobertura.
Sin embargo, el juez consideró que las explicaciones oficiales no alcanzan frente a las consecuencias concretas denunciadas en la causa, entre ellas tratamientos suspendidos, falta de medicamentos y riesgo para la continuidad de la atención sanitaria.
En los fundamentos de la cautelar, el magistrado remarcó que una interrupción en las prestaciones puede provocar daños graves e incluso retrocesos en el desarrollo integral de personas con discapacidad, por lo que entendió que existía una situación urgente que justificaba la intervención judicial.
La medida obliga tanto al programa Incluir Salud como al PAMI a restablecer la cadena de pagos correspondiente a las prestaciones contempladas en la Ley 24.901 destinadas a beneficiarios de pensiones no contributivas con Certificado Único de Discapacidad.