El Gobierno nacional resolvió dejar de financiar los pasajes gratuitos en micros de larga distancia destinados a personas con discapacidad, pacientes trasplantados y menores con cáncer, trasladando esa obligación económica a las empresas de transporte.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada en el Boletín Oficial, que elimina el esquema de compensaciones que el Estado abonaba a las compañías por los boletos emitidos bajo regímenes especiales.

Hasta ahora, las empresas recibían reintegros parciales por los pasajes otorgados a personas alcanzadas por las leyes de discapacidad, trasplantes y oncología infantil. Según argumentó el Gobierno, ese sistema había sido creado en un contexto de emergencia y ya no tendría sentido dentro del nuevo esquema de desregulación del transporte.

La administración de Javier Milei sostiene que, tras la implementación del Decreto 883/2024, las compañías cuentan con libertad para fijar tarifas, recorridos y horarios, por lo que deberían absorber estos costos dentro de su estructura operativa.

Desde el Ejecutivo aclararon que el derecho a viajar sin cargo continúa vigente y que las empresas siguen obligadas a otorgar los pasajes gratuitos previstos por las leyes nacionales. La diferencia es que ya no recibirán compensaciones económicas del Estado.

La resolución también encomienda a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte mantener los mecanismos de control para garantizar que las compañías continúen entregando los boletos.

Sin embargo, organizaciones vinculadas a la discapacidad expresaron preocupación por el impacto de la medida. Desde la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) advirtieron que el Estado se está retirando de una responsabilidad que, según sostienen, debería garantizar directamente.

También hubo cuestionamientos de familiares y referentes del sector, quienes denuncian que desde hace tiempo existen dificultades para conseguir cupos y que muchas empresas ya imponían trabas para otorgar los pasajes.

Por su parte, las cámaras empresarias aseguraron que seguirán cumpliendo con la normativa, aunque cuestionaron que el Gobierno elimine subsidios mientras mantiene obligaciones que consideran propias de un sistema regulado.