El Gobierno nacional reglamentó el funcionamiento del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un nuevo mecanismo destinado a financiar el pago de indemnizaciones laborales mediante aportes realizados por los empleadores y administrados a través de instrumentos financieros supervisados por la Comisión Nacional de Valores.

La medida fue oficializada mediante el Decreto 408/2026 y forma parte de la Ley de Modernización Laboral. El sistema apunta a que las empresas constituyan fondos específicos destinados a afrontar eventuales indemnizaciones por despido de trabajadores registrados.

Según la reglamentación, los recursos serán administrados mediante fondos comunes de inversión o fideicomisos financieros autorizados, con supervisión estatal y afectación exclusiva para el pago de las obligaciones laborales contempladas en el régimen.

La recaudación de los aportes estará a cargo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, que los integrará al sistema de seguridad social. Cada empleador deberá identificar el fondo correspondiente mediante un código denominado “ID FAL”, lo que permitirá asignar correctamente los recursos.

La normativa establece que, una vez acreditado el derecho del trabajador a percibir la indemnización, la entidad administradora deberá transferir los fondos en un plazo máximo de cinco días hábiles.

Entre los requisitos previstos, los trabajadores deberán estar debidamente registrados y contar con una antigüedad mínima de doce meses para acceder a la cobertura plena del sistema.

Además, los recursos acumulados únicamente podrán invertirse en instrumentos financieros emitidos y negociados en Argentina, con el objetivo de canalizar esos fondos hacia la economía local.

El régimen estará destinado a empleadores del sector privado, mientras que las relaciones laborales excluidas por la legislación vigente y el empleo público quedarán fuera de su alcance.

Si bien la reglamentación ya fue publicada, el nuevo esquema no comenzará a funcionar de manera inmediata. El Poder Ejecutivo dispuso que entre en vigencia el 1 de noviembre de 2026, plazo durante el cual distintos organismos nacionales deberán dictar las normas complementarias necesarias para su implementación.

La puesta en marcha del FAL representa uno de los cambios más relevantes introducidos por la reforma laboral, ya que modifica el mecanismo tradicional mediante el cual las empresas afrontan las indemnizaciones por despido, creando un sistema de fondos específicos financiados de manera anticipada.