La Procuración General de La Pampa dejó sin efecto la resolución que había limitado la atención al público en las Defensorías Civil y Penal de Victorica, al considerar que esa medida excedía las atribuciones de la Defensoría General y corresponde exclusivamente al Superior Tribunal de Justicia.

La decisión fue comunicada pocas horas después de que el defensor general Martín Saravia anunciara una reducción en la atención al público como consecuencia de la crítica situación de personal que atraviesan ambas dependencias judiciales.

A través de un comunicado oficial, la Procuración señaló que comparte el diagnóstico realizado por Saravia respecto a las dificultades que enfrenta el servicio de defensa pública, aunque aclaró que la facultad para restringir el funcionamiento de organismos judiciales recae únicamente en el Superior Tribunal de Justicia.

El procurador general Mario Bongianino explicó que, si bien existe coincidencia respecto de los problemas estructurales y de recursos humanos que afectan a las defensorías, la normativa vigente no habilita a la Defensoría General a disponer limitaciones en la atención al público.

La resolución anulada establecía que las Defensorías Civil y Penal de Victorica atenderían únicamente los días lunes, miércoles y viernes. También contemplaba que las mediaciones fueran derivadas al sistema ad hoc dependiente del fondo de financiamiento del Superior Tribunal de Justicia.

Al fundamentar aquella medida, Saravia había advertido sobre la compleja realidad que atraviesan las defensorías del oeste pampeano, que brindan cobertura a localidades como Loventuel, Luan Toro y La Humada, entre otras. Según expuso, la reducción progresiva del personal generó una situación que pone en riesgo la prestación del servicio.

Entre las razones mencionadas figuraban el traslado de empleados a otras dependencias judiciales, una jubilación ya concretada y otra próxima a producirse. De acuerdo con la Defensoría General, de una planta original de cinco trabajadores podría quedar solamente una persona para sostener ambas oficinas.

Además, el organismo había cuestionado la desigual distribución de recursos dentro del sistema judicial provincial, señalando que las defensorías cuentan con una dotación considerablemente menor que otras áreas, pese a absorber la mayor parte de la demanda de asistencia jurídica gratuita.

La resolución también hacía referencia a las dificultades para cubrir cargos de manera definitiva y a la falta de autonomía administrativa del Ministerio Público de la Defensa para reorganizar recursos frente a situaciones de emergencia.

Con la intervención de la Procuración General, la medida quedó sin efecto y la atención en las Defensorías de Victorica deberá continuar desarrollándose bajo las condiciones habituales, salvo que el Superior Tribunal de Justicia disponga lo contrario.