Defensores oficiales de La Pampa expresaron su desacuerdo con la decisión de la Procuración General de dejar sin efecto la resolución que había restringido la atención en las defensorías de Victorica y advirtieron que la medida volvió a poner en evidencia los problemas estructurales que atraviesa el Ministerio Público de la Defensa.

A través de un comunicado, señalaron que la situación excede una cuestión administrativa y responde a una crisis profunda vinculada a la falta de recursos humanos, la demora en la cobertura de vacantes y las dificultades que enfrentan diariamente las defensorías para garantizar el acceso a la justicia.

Los funcionarios remarcaron que la propia Procuración reconoció los fundamentos planteados por el defensor general Martín Saravia respecto de la escasez de personal, las falencias del sistema de sustituciones y la compleja realidad que atraviesan las dependencias del oeste provincial.

Sin embargo, cuestionaron que, pese a admitir la existencia de esos problemas, se haya dejado sin efecto la medida adoptada para afrontar la emergencia sin presentar alternativas concretas para resolver la situación.

En ese sentido, sostuvieron que la discusión no debería centrarse únicamente en quién posee la facultad formal para disponer restricciones en la atención, sino en la necesidad urgente de garantizar condiciones adecuadas para el funcionamiento del servicio de defensa pública.

Los defensores advirtieron que la falta de personal y de herramientas suficientes impacta directamente en la calidad del servicio brindado a la ciudadanía, especialmente en regiones alejadas de los grandes centros urbanos, donde las defensorías suelen constituir el principal acceso de la población al sistema judicial.

Finalmente, reclamaron que los distintos organismos con competencia en la materia impulsen medidas concretas para revertir el déficit estructural y garantizar que el derecho de defensa pueda ejercerse de manera efectiva en toda la provincia.