Madres, padres y otros familiares de niños y niñas se movilizaron este viernes por la mañana frente a la sede de la Dirección de Niñez y Adolescencia, en Santa Rosa, para denunciar presuntas irregularidades en el sistema provincial de protección de la infancia. La protesta luego se trasladó al Centro Judicial de Santa Rosa, donde reclamaron por la actuación de los juzgados de familia.
La manifestación contó con el acompañamiento de la abogada Débora Juárez Gauna, representante de la Fundación Todo por los Niños, de Córdoba, quien viajó especialmente a La Pampa para respaldar a las familias. “Hay una destrucción de vínculos familiares”, dijo.
Los manifestantes sostuvieron que, bajo la aplicación de la Ley Provincial 2661, se registran casos de obstrucción de vínculos entre padres e hijos, prórrogas de medidas excepcionales de protección y situaciones en las que los progenitores aseguran desconocer el paradero de sus hijos.
Según explicó Juárez Gauna, la intervención de la fundación se produjo a partir del pedido de ayuda de una madre pampeana. “Venimos a acompañar justamente a los padres de Santa Rosa y de toda la provincia. Estamos ante situaciones lamentables que se repiten en otras jurisdicciones: padres que no conocen el paradero de sus hijos, otros que directamente no tienen revinculación y otros que tienen completamente obstruido su vínculo familiar”, afirmó durante la concentración.
La abogada cuestionó la “falta de rigurosidad en los diagnósticos iniciales” y advirtió sobre las consecuencias de denuncias que, según dijo, derivan en allanamientos y en el retiro compulsivo de menores, incluso de hogares donde hay niños con discapacidad.
“Hemos relevado varios casos donde se obligó a los padres a firmar el retiro de los menores bajo la amenaza de que, si no lo hacían, iban a ir presos. Se los sacaron así”, denunció.
Críticas a las medidas excepcionales
Juárez Gauna explicó que estas intervenciones comienzan en el ámbito administrativo, a través de la Dirección de Niñez y Adolescencia, y luego pasan a los juzgados de familia. En ese contexto, cuestionó el uso de las denominadas medidas excepcionales de protección.
“Existen las medidas excepcionales que, como en todos lados, tienen un plazo de 90 días. El tema es que acá, después de esos tres meses, las siguen prorrogando sistemáticamente. Los padres se encuentran desesperados, hacen todo lo que les pide la Justicia y el ministerio, como tratamientos psicológicos o psiquiátricos, pero no encuentran respuestas. Sigue pasando el tiempo y la única respuesta es la evasión y la obstrucción continua del vínculo”, sostuvo.
También consideró que la responsabilidad inicial recae sobre el organismo administrativo. “Las decisiones dependen pura y exclusivamente de los encargados de Niñez y Adolescencia, porque esos informes son los que después se derivan a la Justicia para resolver. Lo que exigimos es que se active cada una de estas situaciones y que, fundamentalmente, haya investigación, porque hoy no se investiga”, expresó.
Casos en distintas localidades
La representante de la fundación aseguró que los reclamos no se limitan a Santa Rosa, sino que también alcanzan a otras localidades de la provincia.
“Todo cae siempre en Santa Rosa, pero tenemos casos detectados en General Pico, Catriló y Toay. Y esto no solo destruye a los padres; hay abuelos y parientes directos que hoy no pudieron venir, pero están sufriendo la misma incertidumbre”, indicó.
El grupo de manifestantes intentó mantener una audiencia con el director de la Dirección de Niñez y Adolescencia, Rodrigo Lofvall, por lo que permaneció durante un tiempo frente al edificio. Mientras aguardaban una respuesta, se hicieron presentes efectivos policiales que colocaron cintas sobre la vereda para ordenar la circulación. Posteriormente, la movilización se dirigió al Centro Judicial de Santa Rosa con el objetivo de reclamar ante los juzgados de Familia y Niñez.
“No sigan destruyendo familias”
En el cierre de la manifestación, Juárez Gauna reclamó que se respeten los derechos contemplados en la Ley 2661 y pidió que la Justicia investigue cada uno de los casos denunciados.
“La Ley 2661 es clara: el niño tiene derecho a tener una familia, a ser escuchado y a mantener el vínculo con sus familiares directos. Los jueces deben investigar a fondo, no pedimos otra cosa. El solo hecho de irte a dormir por las noches sin saber dónde está tu hijo genera una incertidumbre tremenda. Si la Justicia determina que el menor debe estar en un lugar, perfecto, pero den la revinculación, no obstruyan más y dejen de destruir familias. Esto se tiene que terminar”, concluyó.