Diversas organizaciones vinculadas a la Iglesia Católica expresaron su rechazo al proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el Gobierno nacional y solicitaron a los legisladores que no acompañen la iniciativa durante su tratamiento en el Congreso.

La postura fue difundida a través de una carta abierta firmada por la Comisión Episcopal de Pastoral Social, la organización Cáritas Argentina y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), entidades que manifestaron preocupación por las consecuencias que podría tener la propuesta sobre la soberanía territorial, los recursos naturales y los derechos de las comunidades.

En el documento, las organizaciones sostuvieron que el proyecto podría favorecer procesos de concentración de tierras y debilitar herramientas estatales destinadas a proteger bienes considerados estratégicos para el país. También advirtieron sobre posibles impactos relacionados con el acceso a recursos naturales y la preservación ambiental.

Entre los puntos más cuestionados se encuentra la eliminación de determinadas restricciones para la adquisición de tierras por parte de ciudadanos o empresas extranjeras. Según los firmantes, la medida podría facilitar el control privado de zonas vinculadas a reservas de agua y otros recursos de importancia económica y ambiental.

Otro aspecto señalado es la modificación de normas que actualmente limitan ciertos usos de terrenos afectados por incendios forestales. Las organizaciones consideran que esos cambios podrían incentivar procesos especulativos en áreas ambientalmente sensibles.

Los representantes eclesiásticos también remarcaron que la tierra cumple una función social y cultural, especialmente para comunidades rurales, campesinas e indígenas. En ese sentido, afirmaron que no debe ser concebida únicamente como un activo económico o financiero.

Además, el documento incorporó referencias a la problemática habitacional y reclamó políticas que favorezcan el acceso a una vivienda digna. Los firmantes plantearon la necesidad de desarrollar marcos regulatorios que contemplen tanto los derechos de propietarios como de inquilinos.

Finalmente, las organizaciones instaron a diputados y senadores a analizar el proyecto priorizando el interés general y el bienestar de las futuras generaciones. Según expresaron, el debate legislativo debe contemplar no solo los aspectos económicos de la iniciativa, sino también sus posibles efectos sociales, ambientales y territoriales.