La Subsecretaría de Derechos Humanos de La Pampa expresó su apoyo al trabajo que lleva adelante el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en el predio del ex centro clandestino de detención La Perla, en Córdoba, donde continúan las tareas destinadas a identificar víctimas de la última dictadura militar.

Desde el Gobierno provincial señalaron que existe un especial interés en la investigación debido a que tres pampeanos forman parte del listado de personas desaparecidas que estuvieron vinculadas a ese centro ilegal de detención.

La subsecretaria de Derechos Humanos, Paula Grotto, mantuvo una comunicación con la coordinadora de la Unidad de Casos del EAAF, Virginia Andrea Urquizu, para manifestar la disposición de la Provincia a colaborar en todo lo necesario para avanzar en las identificaciones.

Según explicaron, el trabajo requerirá en algunos casos la obtención de muestras genéticas de familiares que permitan realizar comparaciones de ADN con los restos hallados en el lugar.

Entre los pampeanos buscados se encuentra Horacio Álvarez, nacido en General Pico en 1951, médico y militante político que fue secuestrado en Córdoba el 13 de abril de 1976. También figura Omar Alejandro Olachea, reportero gráfico nacido en Santa Rosa en 1949, desaparecido el 21 de mayo de ese mismo año. El tercer caso corresponde a Severino Alonso, oriundo de La Maruja, trabajador metalúrgico radicado en Córdoba, secuestrado junto a su pareja el 8 de enero de 1976.

De acuerdo con los registros existentes, en el caso de Álvarez existen testimonios que ubican su cautiverio dentro del centro clandestino La Perla.

Las tareas de búsqueda realizadas por el EAAF se desarrollan desde hace décadas en distintos sectores de la Guarnición Militar de La Calera. Durante este año, los trabajos se concentraron en una zona conocida como “Loma del Torito”, donde fueron recuperados numerosos restos óseos humanos.

Los análisis efectuados por el Laboratorio de Genética Forense permitieron identificar este año a 29 personas desaparecidas. Doce de esas identificaciones fueron anunciadas en marzo y otras diecisiete durante mayo, a partir de cotejos realizados con muestras aportadas por familiares.

Las víctimas identificadas corresponden a personas secuestradas entre 1975 y 1978, muchas de ellas militantes políticos y sociales cuyos casos permanecían sin resolución.

Desde el Gobierno provincial destacaron que estos avances representan un aporte significativo a los procesos de memoria, verdad y justicia, además de brindar respuestas a familias que continúan buscando conocer el destino de sus seres queridos después de casi cincuenta años.