La Justicia Electoral sancionó al PRO por irregularidades contables

El juez federal con competencia electoral Juan José Baric resolvió desaprobar los estados contables correspondientes al ejercicio 2023 del PRO – Propuesta Republicana en La Pampa y dispuso, además, la pérdida del derecho del partido a recibir aportes públicos durante el plazo de un año. De acuerdo con lo informado en la resolución, el partido…

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El juez federal con competencia electoral Juan José Baric resolvió desaprobar los estados contables correspondientes al ejercicio 2023 del PRO – Propuesta Republicana en La Pampa y dispuso, además, la pérdida del derecho del partido a recibir aportes públicos durante el plazo de un año.

De acuerdo con lo informado en la resolución, el partido declaró como “Aportes Públicos Extraordinarios” un total de 677.413,46 pesos que, según el propio descargo de la fuerza política, correspondían a ingresos provenientes de multas y sanciones judiciales.

Fuentes vinculadas a la Justicia Federal señalaron que las inconsistencias detectadas responden a desprolijidades administrativas y no a maniobras de gran magnitud económica. En ese sentido, indicaron que los montos involucrados no son elevados y que las observaciones apuntan principalmente a errores en la presentación de la documentación contable.

Las actuaciones alcanzan a los responsables de la administración partidaria, entre ellos los apoderados y la persona encargada del área contable. Desde el ámbito judicial aclararon que se trata de una causa de menor gravedad, aunque la normativa contempla sanciones que pueden incluir penas de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos o ser candidato en procesos electorales.

La medida representa un revés para el PRO pampeano en la antesala de un año electoral, ya que la suspensión de los aportes públicos afecta el financiamiento destinado al funcionamiento institucional del partido.

No obstante, la resolución aún no quedó firme. La fuerza política dispone de la posibilidad de apelar la decisión y, según estiman fuentes judiciales, es poco probable que exista una resolución definitiva antes del próximo proceso electoral.