La jueza Ana Clara Pérez Ballester dispuso la intervención de la Fiscalía de Estado y del gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, en la causa iniciada por una pareja de Rancul que integra el programa de Familias Sustitutas y busca adoptar al bebé que cuida desde hace varios meses. La decisión se produjo luego de las presuntas irregularidades denunciadas contra la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia.

Según denunciaron Ana Laura Pizzani y Joaquín Díaz, el organismo provincial les comunicó mediante un mensaje de WhatsApp que debían restituir al niño este lunes, mientras continúa el proceso judicial vinculado al pedido de adopción presentado por la pareja.

El bebé, que actualmente tiene seis meses, llegó al hogar de la familia cuando apenas tenía unos días de vida. El miércoles pasado venció el plazo para que algún integrante de su familia biológica reclamara su cuidado y, posteriormente, Ana Laura y Joaquín solicitaron formalmente iniciar el proceso de adopción. La Justicia admitió ese planteo, aunque desde el programa de Familias Sustitutas se dispuso igualmente el retiro del menor del hogar a partir de este lunes.

Ante esa situación, las abogadas de la pareja presentaron una medida cautelar para impedir el traslado del niño mientras se resuelve el trámite de adopción. La familia sostiene que separarlo del entorno donde ha crecido desde sus primeros meses de vida sería perjudicial para el menor.

De acuerdo con el relato de los cuidadores, debían presentarse este lunes a las 8.30 en la sede de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia de General Pico para entregar al bebé, en cumplimiento de la comunicación recibida días atrás.

Sin embargo, durante la tarde del domingo recibieron una notificación de sus representantes legales que les devolvió cierta expectativa. Según explicaron, la jueza se declaró incompetente para continuar interviniendo en el expediente y ordenó dar participación a la Fiscalía de Estado y al gobernador Sergio Ziliotto, a raíz de las presuntas irregularidades denunciadas respecto del procedimiento aplicado en el caso.

Mientras tanto, la pareja continúa aguardando la resolución de la medida cautelar presentada, con el objetivo de que el niño permanezca en su hogar hasta que las autoridades provinciales y los organismos competentes se expidan sobre la situación.